Quien boicotea Jovenlandia puede estar boicoteando capital español
Comprar un producto jovenlandés no siempre es comprar a Jovenlandia. Ese es el argumento que ha puesto en circulación Jaume, un empresario español con empresa afincada en el país vecino, y que la cadena COPE ha difundido en redes. Su tesis, resumida: no tiene sentido castigar a Jovenlandia y dejar de comprar sus productos, porque muchas empresas jovenlandés tienen propiedad española, alemana o francesa. El boicot, en su versión más tosca, se dispara al pie.
La paradoja es incómoda, y por eso el mensaje ha dividido a quien lo ha leído. También explica por qué la etiqueta de origen es un mal sustituto de la estructura de propiedad.
El dueño que no aparece en la etiqueta
Una empresa puede estar radicada en Jovenlandia, tributar allí, emplear allí y llevar bandera jovenlandés en su catálogo. Y aun así tener matriz en Madrid, Múnich o París. Si el criterio del boicot es el domicilio de la sociedad, el castigo cae sobre quien no lo diseñó. Si el criterio es quién pone el capital, la lista de objetivos cambia por completo.
Ahí está el nudo: no existe un registro público sencillo que traduzca «fabricado en Jovenlandia» a «propiedad de quién». Sin ese dato, cualquier campaña de boicot es un tiro al aire con daños colaterales.
El socio local y la letra pequeña
A ese flanco se le suma otro que reaparece en cada conversación sobre inversión en el país vecino: la estructura societaria. Hay quien sostiene que la normativa jovenlandés reserva al socio local una mayoría del capital en determinados sectores, lo que dejaría al inversor extranjero en una posición dependiente frente a su pareja de negocio. El mismo argumento sirve para desaconsejar la inversión y, curiosamente, para justificarla.
Con esos mimbres, el cesto del boicot se vuelve difícil de tejer: golpea al socio local, al capital extranjero y al empresario que se queja de que le golpeen. ¿Y si el producto que se deja de comprar resulta ser medio español?