NOTICIA: Emboscada a militares en Ceuta

Militares emboscados en Ceuta: ¿cuánto cuesta no defenderse?​

¿Cuánto cuesta mantener la seguridad en Ceuta cuando los militares que la protegen no pueden ni defenderse? La emboscada sufrida por una patrulla del Grupo de Regulares en la zona de Benzú ha reabierto un debate que trasciende lo militar y entra de lleno en lo económico: el coste de una contención que parece diseñada para no funcionar.

Un grupo de unas treinta personas atacó a pedradas a los militares, que iban desarmados, con porras y chalecos, y que acabaron huyendo en su vehículo. La escena, difundida en redes, muestra a los soldados perseguidos y apedreados mientras los mandos, según el relato, los tienen «atados de pies y manos» sin armas de fuego. La imagen de un ejército de la OTAN reducido a «puchin ball» no es solo un problema de orgullo militar; es un síntoma de una estrategia de contención que cuesta dinero y no disuade.

La respuesta judicial: expulsiones exprés​

La reacción no se hizo esperar. Doce detenidos, de los que once fueron expulsados de España tras aceptar una condena de dos años de prisión por ataque terrorista contra agentes de la autoridad, conmutada por la expulsión. Un día después, otra emboscada dejaba un sargento herido y veinte expulsiones más en un fin de semana. La paradoja: la ley que se invoca para no expulsar a los que intentan cruzar la frontera se aplica con rapidez cuando hay delito.

El debate jurídico es interesante. La Ley de Extranjería permite la expulsión inmediata cuando un extranjero comete una infracción muy grave a la seguridad ciudadana, y también permite conmutar una pena menos grave por la expulsión. Pero mientras no delincan, el procedimiento administrativo normal tarda unos tres meses. Eso explica que las expulsiones se aceleren cuando hay piedras de por medio, pero no cuando hay una crisis migratoria de fondo.

El coste económico de la contención​

El coste de mantener el dispositivo militar en Ceuta es alto. Los soldados cobran en torno al Salario Mínimo Interprofesional, según se apunta en el análisis, y pasan meses fuera de casa. La inestabilidad en la frontera afecta al comercio local, al turismo y a la actividad económica de una ciudad que vive de su relación con Jovenlandia. Cada incidente de este tipo añade presión a un equilibrio ya frágil.

Además, el gasto en seguridad se dispara: unidades de la UIP y el GRS desplegadas, operaciones de identificación y expulsión, y un sistema judicial que trabaja a contrarreloj. Todo ello mientras la ciudadanía local ve cómo su entorno se degrada y su economía se resiente. La pregunta es si esta estrategia de «aguantar» es sostenible a largo plazo, o si el coste acumulado acabará siendo mayor que el de una solución de fondo.

La dimensión geopolítica: Jovenlandia como actor económico​

Jovenlandia, como actor económico, utiliza la presión migratoria como herramienta de negociación. La emboscada, según algunos análisis, no fue casual: se eligió el objetivo, el lugar y el momento, y se cesó el ataque cuando llegaron las unidades de la UIP y el GRS. Eso apunta a una operación organizada, más que a un incidente espontáneo. La pregunta es cuánto está dispuesto a pagar el Estado español por mantener esta situación.

La relación con Jovenlandia es un eje económico clave: comercio, pesca, energía y turismo. Cada crisis migratoria se convierte en una moneda de cambio. Y mientras tanto, los militares españoles, con sus porras, parecen más un cuerpo de seguridad ciudadana que una fuerza de defensa. La ironía es que, en una ciudad donde la seguridad es un bien escaso, el coste de la contención parece calcularse en euros, no en vidas. Y el resultado, como se ve, es que todos salen perdiendo, excepto los que venden las piedras.