Embargo del Cervantes en Utrecht: el coste de la inseguridad jurídica renovable
Un tribunal de Países Bajos ha ordenado el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht, propiedad del Estado español, para cobrar parte de la deuda generada por la retirada retroactiva de las primas a las renovables. La firma Blasket Renewable, con sede en Delaware, ha obtenido luz verde para ejecutar el embargo, un movimiento que apenas ha tenido cobertura en los grandes medios.
El origen de la espiral de laudos
La decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de suprimir las primas a las renovables en 2013 desencadenó una oleada de demandas internacionales. Aunque algunos señalan a José Luis Rodríguez Zapatero como el responsable de crear el marco regulatorio que llevó a la burbuja renovable, el cierre retroactivo del grifo fue lo que provocó la condena de tribunales arbitrales. La deuda, que crece con intereses, ya ha provocado embargos previos: la Agencia Estatal de Navegación Aérea (Enaire) ha visto cómo un juzgado belga embargaba sus tasas aéreas por el mismo motivo.
La progresión de los embargos
El caso del Instituto Cervantes es solo un eslabón. Según fuentes del hilo, los inversores ya han puesto el ojo en activos como el avión Falcon o incluso contratos de defensa. La estrategia recuerda a la fábula de los granos de trigo y el tablero de ajedrez: si no se alcanza un acuerdo, los embargos se multiplicarán hasta dejar a España sin bienes en el extranjero más allá de embajadas y consulados, que gozan de inmunidad.
Inseguridad jurídica made in Spain
El consenso entre los analistas es que la inseguridad jurídica española, crónica en el ámbito doméstico, está siendo penalizada con dureza en el extranjero. Mientras los sucesivos gobiernos se enredan en disputas partidistas sobre quién tuvo la culpa, la factura sigue engordando. La pregunta que nadie responde es cuándo se sentarán a negociar una solución global.
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