Cuatro horas para dejar sin voto a miles de españoles en el exterior
La paradoja no es jurídica, es de agenda. El mismo jueves en que el Tribunal Supremo desplegaba su pompa anual —procesión de togas, presencia del Rey, fiscales invitados y cóctel final en el Salón de los Pasos Perdidos—, la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo notificaba los autos que suspenden cautelarmente el derecho al voto de miles de personas. Cuatro horas de deliberación, según el relato que acompaña a la resolución. La ceremonia acabó a tiempo; el censo, no.
Qué significa una suspensión cautelar del voto
Conviene fijar el terreno antes de calentar la sangre. La medida es provisional. No hay condena ni sentencia sobre el fondo: es un auto que aparta a un colectivo del censo mientras el pleito sigue su curso, y que se prolonga todo lo que el pleito tarde. Ese detalle, más que el número exacto de afectados, explica la temperatura del asunto. Un derecho se puede recuperar por sentencia firme años después, cuando la elección que se pretendía proteger ya lleva varias convocatorias de retraso. Devolver un voto no es tan fácil como quitarlo.
Pucherazo o precedente: el eje real del choque
Hay quien sostiene que el Supremo ha evitado una manipulación electoral cantada, y lo compara con otros países: en Brasil viven cerca de dos millones de descendientes de japoneses y unos 200.000 en Perú, y a nadie se le ocurre reclamar que voten en Japón. Fueron esos movimientos migratorios de finales del XIX y principios del XX los que crearon comunidades enteras al otro lado del mapa, recuerda este argumento.
El contraargumento no niega el fondo, ataca la forma. Si el censo se recorta con reglas diseñadas para un colectivo concreto, el instrumento queda disponible para el siguiente colectivo que moleste. Y esa lista, admitámoslo, admite ampliaciones indefinidas. La propuesta que se abre paso es otra: un requisito general de residencia —un año en los últimos diez, por ejemplo—, común para todo el mundo y sin excepciones nominales.
El problema de la jerarquía de urgencias
En paralelo asoma la discusión incómoda, la de siempre. Con Ceuta y sus 77.000 habitantes ocupando titulares y millones de jóvenes sin poder acceder a una vivienda, una parte del público considera que el debate sobre el voto exterior es una distracción de salón. Otra parte responde que se pueden atender varios asuntos a la vez y que, precisamente por eso, conviene blindar el procedimiento antes de usarlo como atajo.
Queda la pregunta que nadie ha respondido del todo: si el censo se puede ajustar por vía cautelar y en cuatro horas, ¿qué impide ajustarlo la próxima vez apuntando al colectivo que resulte más rentable electoralmente?