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El Tribunal de Cuentas se ve obligado a aplicar la ley de amnistía y absuelve a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas y decenas de independentistas por malversar dinero público en el procés. Les perdona devolver 4,3 millones que habían tenido que consignar en el organismo fiscalizador por sus indicios de responsabilidad contable tanto en la promoción de la secesión en el exterior como el referéndum ilegal del 1 de octubre con fondos públicos.
La responsable de enjuiciar el caso, Elena Hernáez, ha decidido la absolución, según ha podido confirmar EL MUNDO, al no ver ya otra salida tras la Ley de Amnistía. Hernáez, propuesta por el PP en el Tribunal de Cuentas, presentó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por considerar que la malversación no podía ser perdonada, pero la instancia europea falló que la aplicación de la ley de amnistía era posible si no afectaba a fondos europeos. Lo hizo en contra del criterio de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas que, pese a que había considerado en el pasado que los independentistas tenían responsabilidad contable y debían devolver el dinero, pidió posteriormente la aplicación de la Ley de Amnistía cuando esta fue aprobada en el Parlamento.
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Hernáez preguntó tras la sentencia comunitaria a las partes, incluida la Generalitat de Cataluña, si había uso de fondos europeos, pero el interventor a las órdenes de Salvador Illa, aseguró que no, como publicó este diario. Al ser el organismo público catalán el teóricamente perjudicado por la malversación, su escrito pidiendo la aplicación de la amnistía ha sido clave para que el Tribunal de Cuentas deba proceder al archivo. La Sociedad Civil Catalana ha sido la única instancia que ha intentado que, pese a la sentencia europea, no se aplicara la amnistía, pero según el Tribunal de Cuentas, no ha podido acreditar la necesaria existencia de fondos europeos. SCC pedía que devolvieran más de 5 millones de euros.
El organismo fiscalizador no ha podido intentar la vía que esgrimió el juez Pablo Llarena en el Tribunal Supremo para no aplicar la ley de amnistía. Llarena consideraba posible excluir del perdón y el olvido la malversación de fondos públicos, aunque no fueran europeos, si había "enriquecimiento personal". Según el magistrado, Puigdemont y su equipo habrían incurrido en ese lucro, porque habían podido organizar el referéndum sin aportar dinero de su bolsillo. La diferencia, según el Tribunal de Cuentas, es que el Gobierno no incluyó esa salvedad del enrequicimiento personal en el apartado de la ley que ordenaba al organismo contable a perdonar la devolución del dinero.
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El Tribunal de Cuentas se ve obligado a aplicar la ley de amnistía y absuelve a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas y decenas de independentistas por malversar dinero público en el procés. Les perdona devolver 4,3 millones que habían tenido que consignar en el organismo fiscalizador por sus indicios de responsabilidad contable tanto en la promoción de la secesión en el exterior como el referéndum ilegal del 1 de octubre con fondos públicos.
La responsable de enjuiciar el caso, Elena Hernáez, ha decidido la absolución, según ha podido confirmar EL MUNDO, al no ver ya otra salida tras la Ley de Amnistía. Hernáez, propuesta por el PP en el Tribunal de Cuentas, presentó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por considerar que la malversación no podía ser perdonada, pero la instancia europea falló que la aplicación de la ley de amnistía era posible si no afectaba a fondos europeos. Lo hizo en contra del criterio de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas que, pese a que había considerado en el pasado que los independentistas tenían responsabilidad contable y debían devolver el dinero, pidió posteriormente la aplicación de la Ley de Amnistía cuando esta fue aprobada en el Parlamento.
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Hernáez preguntó tras la sentencia comunitaria a las partes, incluida la Generalitat de Cataluña, si había uso de fondos europeos, pero el interventor a las órdenes de Salvador Illa, aseguró que no, como publicó este diario. Al ser el organismo público catalán el teóricamente perjudicado por la malversación, su escrito pidiendo la aplicación de la amnistía ha sido clave para que el Tribunal de Cuentas deba proceder al archivo. La Sociedad Civil Catalana ha sido la única instancia que ha intentado que, pese a la sentencia europea, no se aplicara la amnistía, pero según el Tribunal de Cuentas, no ha podido acreditar la necesaria existencia de fondos europeos. SCC pedía que devolvieran más de 5 millones de euros.
El organismo fiscalizador no ha podido intentar la vía que esgrimió el juez Pablo Llarena en el Tribunal Supremo para no aplicar la ley de amnistía. Llarena consideraba posible excluir del perdón y el olvido la malversación de fondos públicos, aunque no fueran europeos, si había "enriquecimiento personal". Según el magistrado, Puigdemont y su equipo habrían incurrido en ese lucro, porque habían podido organizar el referéndum sin aportar dinero de su bolsillo. La diferencia, según el Tribunal de Cuentas, es que el Gobierno no incluyó esa salvedad del enrequicimiento personal en el apartado de la ley que ordenaba al organismo contable a perdonar la devolución del dinero.
El Tribunal de Cuentas se ve obligado a aplicar la ley de amnistía y perdona más de 4 millones a los independentistas por el procés
El Tribunal de Cuentas se ve obligado a aplicar la ley de amnistía y absuelve a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas y decenas de independentistas por malversar dinero...
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