El sueldo mínimo está convergiendo con los sectores de trabajos cualificados.

El SMI ya es el sueldo más común y tira a la baja del resto​

El salario mínimo interprofesional ha dejado de ser la referencia del trabajo sin cualificación para convertirse en la retribución más frecuente de España. Lo dice el cuarto informe de la comisión asesora para el análisis del SMI, que constata que la subida del 60,9 % en siete años —de 735,90 euros brutos al mes en 2018 a 1.184 euros en 2025— no ha arrastrado al alza al conjunto de la estructura salarial. El resultado es una concentración de asalariados en una banda estrecha pegada al suelo, con el riesgo, advierte el propio documento, de que trabajadores experimentados o con cualificación media caigan dentro de ella.

La última encuesta de estructura salarial del INE, con datos de 2023, señala que el tramo de 15.000 a 16.000 euros brutos anuales es ya el más frecuente. Ese año el SMI estaba en 15.120 euros anuales, o 1.080 euros en catorce pagas. Uno de cada cuatro asalariados ganó entre 14.000 y 20.000 euros. La conclusión se escribe sola: el suelo ha subido, pero el techo de la mayoría no se ha movido.

Qué dice el informe sobre la tracción del SMI​

El documento reconoce que existe «cierta tracción hacia arriba», pero la califica de limitada. Es el eufemismo central de todo el asunto: el SMI sube y arrastra poco. Donde antes había una escalera de categorías, ahora hay un rellano. El Ministerio de Trabajo sigue en consultas con los agentes sociales antes de fijar la cuantía para 2026, que previsiblemente pasará de 1.184 a 1.221 euros brutos mensuales, un 3,1 % más, si se mantiene libre de IRPF. Hacienda se abre a mantener la deducción introducida el año pasado para que en la práctica quede exento para la mayoría de quienes lo cobran.

El pacto se presenta difícil. La patronal CEOE-Cepyme propone un 1,5 %, hasta 1.202 euros brutos y sujetos a tributación. CCOO y UGT piden un 7,5 %, hasta 1.273 euros, que también tributarían. El objetivo del Ministerio es aprobar la subida a finales de enero por real decreto, con efecto retroactivo desde el día 1, sin necesidad de convalidación en el Congreso.

Por qué un ingeniero cobra como quien repone palés​

La consecuencia práctica de esa compresión salarial aparece en los casos concretos. Un trabajador con responsabilidad de encargado o jefe de departamento puede estar cobrando apenas 200 euros más al mes que quien no tiene ninguna. Hay quien ha preferido cambiar de empresa y bajar de categoría para tener jornada de 7 a 15: la diferencia con su puesto anterior era de 100 euros, pero los marrones eran cero. A las tres de la tarde, fuera.

Ese cálculo no es una anécdota aislada. Es racional. Si la prima por asumir responsabilidad se ha diluido hasta ser irrelevante, el incentivo desaparece. Y cuando desaparece, las empresas no encuentran encargados, responsables de departamento ni jefecillos dispuestos a comerse el marrón. La responsabilidad se paga o no se acepta.

El efecto sobre las pymes y los autónomos​

Hay un matiz que suele perderse: las grandes empresas son las únicas con músculo real para absorber subidas salariales sin ahogarse. Tienen economías de escala, financiación barata, capacidad de trasladar costes a precios y se han beneficiado de la digitalización y la automatización. Las que lo tienen realmente complicado son las pymes y los autónomos, con gastos corrientes —energía, alquileres, impuestos, cumplimiento normativo— que no dejan margen.

De ahí que un trabajador raso de una gran superficie cobre igual o más que un ingeniero en una empresa pequeña. No es una paradoja: es el resultado de que el suelo sube por decreto y el resto de la escala no.

La absorción de complementos y la directiva europea​

En la actualidad, la legislación permite que los empresarios neutralicen el incremento del salario mínimo absorbiendo pluses y complementos, aunque solo los relacionados con las condiciones laborales. Es una reivindicación histórica de los sindicatos, que denuncian que el proceso se hace de forma discrecional y poco transparente, sin que pueda estimarse a cuántos perceptores del SMI no se les aplica la subida, sino solo un cambio de componentes.

Trabajo ve en la transposición de la directiva europea de salarios mínimos una baza para la negociación: aceptar un alcance más limitado de la prohibición de absorción a cambio de que la patronal dé el visto bueno al 3,1 %. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere blindar legalmente que la subida sea real y efectiva.

El precedente soviético y el igualitarismo salarial​

En las fases finales de la URSS se documentó un fenómeno recurrente: desmotivación de los trabajadores más cualificados y descenso general del rendimiento, asociado al igualitarismo salarial. La remuneración variaba poco entre un trabajador altamente cualificado y uno de baja productividad, y el ascenso dependía más de la lealtad política y la antigüedad que del mérito. Ingenieros, médicos y científicos percibían escaso reconocimiento.

La comparación es tentadora y se ha hecho muchas veces. También es tramposa: aquí no hay plan quinquenal, sino una puja electoral por el suelo salarial y una estructura productiva de pymes que no aguanta el tirón. El resultado, eso sí, se parece: una escala que se aplana por abajo.

Cómo queda el poder de compra del que cobra el mínimo​

Queda la letra pequeña. El poder de compra del SMI es solo un poco mayor que antes, porque el suelo salarial define el precio de ciertos bienes y servicios inelásticos. Sube el mínimo, sube el alquiler, sube la cesta. En términos netos, la sensación de mejora se diluye. Y el que está por encima del mínimo, pero cerca, ve cómo su ventaja relativa se estrecha sin que su nómina se mueva.

Con estos mimbres, la previsión es que la convergencia continúe mientras el SMI siga subiendo por decreto y el resto de la escala no encuentre motivos para hacerlo. Si la directiva europea se transpone con prohibición efectiva de absorción, el suelo se consolidará; si se transpone con margen para las empresas, parte de la subida seguirá siendo contable. En cualquiera de los dos escenarios, la pregunta que queda sin responder es la misma: quién paga la diferencia entre el suelo que sube y el techo que no.