Un sindicato de inquilinos ha organizado un evento cuyas entradas se venden a través de Ticketmaster, una plataforma en la que participa BlackRock, uno de los mayores fondos de inversión del mundo. La paradoja —criticar el poder del capital inmobiliario y pagar comisiones a una empresa vinculada a ese mismo capital— ha generado un debate sobre la coherencia de las organizaciones sociales.
Un evento con entradas en Ticketmaster
La polémica saltó cuando se conoció que un sindicato de inquilinos había montado un evento y vendía las entradas a través de Ticketmaster, la plataforma de ticketing más grande del mundo. La empresa está participada por BlackRock, el mayor gestor de activos del planeta, con más de 10 billones de dólares bajo gestión a cierre de 2024. Es decir: cada entrada que se compra en esa plataforma genera una comisión que, en última instancia, beneficia a uno de los fondos que más ha invertido en el mercado inmobiliario.
La paradoja no es menor. Los sindicatos de inquilinos existen, precisamente, para hacer frente al poder de los grandes tenedores de vivienda. Que una de sus actividades recaude dinero a través de una empresa vinculada a ese mismo capital ha sido leído por muchos como una contradicción difícil de defender.
La crítica a la coherencia
Las reacciones no se hicieron esperar. Hay quien recordó los conciertos solidarios que se organizaban en centros sociales, con entrada gratuita o a precio de coste, y que ahora se sustituyen por un modelo de venta de entradas que pasa por una multinacional. La crítica no va tanto al cobro de una entrada como al canal elegido para venderla.
El argumento de fondo es sencillo: si el adversario es el gran capital, no tiene mucho sentido financiar sus beneficios. La respuesta habitual —que Ticketmaster ofrece infraestructura que un centro social no tiene— no convence a quienes ven en la elección una renuncia a los principios.
El negocio de las entradas
Ticketmaster controla una parte muy relevante de la venta de entradas en vivo en Estados Unidos y Reino Unido, y su modelo de negocio se basa en comisiones por servicio que en muchos casos superan el 20% del precio de la entrada. Esa cifra no es un detalle: en un evento con 500 asistentes y una entrada de 20 euros, la comisión puede superar los 2.000 euros. Dinero que sale del bolsillo de los asistentes y acaba en la cuenta de resultados de una empresa participada por BlackRock.
La pregunta que queda en el aire es si un sindicato de inquilinos puede permitirse el lujo de elegir proveedores sin mirar quién está detrás. La respuesta, por lo que se ve, no es unánime.