El servicio vasco de empleo no localiza a 22.000 personas que cobran la RGI. La renta básica vasca.

22.000 perceptores de la RGI en paradero desconocido: ¿fallo de control o exageración?​

El servicio vasco de empleo ha reconocido que no logra localizar a 22.000 de los 55.000 beneficiarios de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), la prestación básica vasca. La cifra, que ha generado un intenso debate, pone sobre la mesa la efectividad de los mecanismos de control de un sistema que lleva 30 años en funcionamiento y que, según sus defensores, es una conquista social innegociable.

La polémica de las cifras​

Aunque el dato oficial habla de 22.000 personas ilocalizables, algunas voces lo rebajan drásticamente. Se argumenta que la cifra real de desaparecidos no alcanza los 5.000, pero que incluso 50 serían demasiados si se trata de personas que cobran sin cumplir los requisitos. La diferencia sugiere que el problema podría ser administrativo (falta de actualización de datos) más que un fraude masivo.

Comparativas con otros sistemas​

El debate ha sacado a relucir ejemplos de controles más estrictos. En 2012, el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, impuso un plazo perentorio para que los perceptores de ayudas firmaran su renovación, lo que provocó que muchos quedaran fuera al estar de vacaciones en el extranjero. En Reino Unido, los beneficiarios deben acudir a entrevistas semanales y presentar solicitudes de empleo selladas bajo amenaza de corte de la prestación.

La visión política​

Algunos sectores defienden que la RGI es un derecho exclusivo del País Vasco, fruto de su capacidad de autogobierno, y que debe preservarse sin comparaciones interesadas. Otros consideran que el sistema necesita una actualización que garantice que la ayuda llega a quien realmente la necesita, sin generar incentivos perversos.

El dilema sigue abierto: ¿son 22.000 fugas de control o un dato hinchado para justificar recortes? La respuesta, probablemente, esté en la letra pequeña de los padrones.