El Senado francés aprueba un proyecto de ley que refuerza los poderes policiales en materia de expresión en línea

El Senado francés aprobó el 27 de octubre, por 229 votos a favor y 105 en contra, un proyecto de ley que permite a una autoridad administrativa ordenar la retirada de contenidos en línea sin intervención judicial previa, con multas de hasta el 2 % de la facturación global para las plataformas que no cumplan en 24 horas. El texto, nacido para que los alborotadores pagaran los destrozos materiales, ha acabado convertido en un paquete de vigilancia y control de la expresión.

Hay proyectos de ley que nacen con un propósito y mueren con otro. Este empezó el 16 de septiembre con cinco artículos sobre la responsabilidad civil por daños causados por desguaces y cristales rotos. El 27 de octubre, el Senado lo aprobó con 229 votos a favor y 105 en contra convertido en otra cosa: un mecanismo para retirar contenidos, vigilar manifestaciones y sancionar la protesta. La etiqueta de «ventanas rotas» se ha estirado hasta cubrir canales de noticias, cámaras y cualquier crítica que las autoridades consideren incómoda.

Retirar contenido en 24 horas sin pasar por un juez

La enmienda clave del gobierno permite que una autoridad administrativa —no un juez— ordene a plataformas y proveedores de alojamiento web eliminar contenidos que inciten a delitos como atentados contra la vida, robos o destrucción, cuando sea probable que causen una alteración grave del orden público. La justificación oficial: «Las redes sociales pueden contribuir decisivamente a la violencia y los daños, en particular mediante la difusión de contenido que incita a la comisión de tales delitos». Se aprobó por 219 votos a favor y 115 en contra.

El plazo para cumplir es de 24 horas. Si el proveedor no retira el contenido, se enfrenta a hasta seis meses de prisión y una multa de 150.000 euros. Para las empresas, la sanción puede llegar al 2 % de su facturación global. La autoridad también puede bloquear el sitio web y eliminarlo de los resultados de búsqueda. La solicitud se dirige a un responsable designado, no a un juez, antes de que el contenido desaparezca.

El texto inicial preveía un procedimiento de emergencia de una hora para contenidos que incitaran a «un ataque, una insurrección o a tomar las armas contra el Estado». El ministro del Interior, Laurent Nuñez, lo retiró en sesión plenaria: «Acabo de corregir mi enmienda para que podamos garantizar el procedimiento de emergencia durante el intercambio, dados los riesgos relacionados con el cumplimiento y la constitucionalidad». La disposición debería reintroducirse más adelante en el proceso legislativo. Nuñez aclaró que no se trata de cerrar redes sociales, sino de usar el mecanismo Pharos —la unidad que recibe denuncias de contenido ilegal en línea— para eliminar contenidos que inciten a la insurrección, la violencia o el saqueo.

Drones sin límite y algoritmos sobre las manifestaciones

El proyecto elimina el tope de drones con cámara que la policía puede usar simultáneamente en cada departamento. Antes estaba entre 40 y 100. Ahora la policía puede filmar manifestaciones y sus alrededores por orden escrita del fiscal. El ponente David Margueritte lo resumió así: los drones administrativos «ya no tienen un número limitado».

También se prorroga la experimentación con algoritmos que analizan en tiempo real imágenes de cámaras de videovigilancia y drones durante manifestaciones, y alertan a «los servicios de seguridad pertinentes» ante «eventos predeterminados». El plan venía de la ley de los Juegos Olímpicos de 2023 y debía terminar el 31 de marzo de 2025. Se estiró primero hasta el 31 de diciembre de 2027 y luego hasta el 31 de diciembre de 2030. El propio Nuñez dijo que «no me parece indispensable». El Senado la aprobó igual.

Manifestaciones: del rostro cubierto a la cuenta suspendida

Los jueces ya podían suspender cuentas en redes sociales de condenados por ciertos delitos hasta seis meses, o un año en caso de reincidencia. El Senado añadió tres delitos a la lista: organizar una manifestación no declarada o prohibida, incitar a una reunión armada e incitar a la rebelión. Fabien Gay, del Partido Comunista, advirtió: «¡Un organizador que anuncie una manifestación que la prefectura prohíba posteriormente podría ser sancionado!».

La prohibición de cubrirse el rostro durante o cerca de manifestaciones se amplía a cualquier protesta en vía pública, no solo donde haya disturbios o se prevean. La pena: un año de prisión y 15.000 euros de multa. Gay señaló que en manifestaciones pacíficas la gente usa mascarillas para protegerse de los gases lacrimógenos. Toda la izquierda del Senado votó en contra; la derecha y los partidarios de la Agrupación Nacional, a favor.

Lo que ya dijo el Constitucional

El texto llega en un momento en que el gobierno y el Parlamento acumulan poderes policiales mientras los tribunales han ido recortándolos. En 2020, el Consejo Constitucional —el tribunal supremo francés— invalidó una norma de expulsión de una hora prevista en la ley Avia, al considerar que suponía una infracción a la libertad de expresión «que no es ni apropiada, ni necesaria, ni proporcional al objetivo perseguido». En 2025, el Consejo de Estado declaró ilegal el bloqueo de TikTok previsto para 2024 en Nueva Caledonia.

El gobierno ha usado el procedimiento acelerado, así que tras una primera lectura en la Asamblea Nacional el texto puede ir a una comisión conjunta de ambas cámaras. La Asamblea debe examinarlo ahora. Lo que empezó como una ley para que los alborotadores pagaran los cristales rotos ha terminado como un instrumento para decidir qué se puede decir en internet y quién puede grabarlo. Conviene seguir el trámite: las normas sobre expresión y vigilancia afectan a derechos fundamentales y su alcance final depende de los próximos pasos legislativos y de lo que diga el Constitucional.