El quintacolumnismo jovenlandés y la rendición (o no) de España (Gorka Maneiro en Vozpópuli)

La publicación de artículos que cuestionan la pertenencia de Ceuta y Melilla a España, y la aparente pasividad del gobierno ante la violación de la integridad territorial, alimentan la sospecha de una estrategia política a largo plazo.

El debate sobre la soberanía de Ceuta y Melilla ha tomado un cariz particular en las últimas semanas. La aparición de voces, incluso desde el ámbito literario, que defienden la "marroquinidad" de estas ciudades autónomas españolas, ha puesto el foco en la posible estrategia política del gobierno. Se argumenta que, lejos de ser una simple opinión aislada, la difusión de estas ideas podría formar parte de un plan más amplio para erosionar la defensa española de estos territorios.

La cuestión de la soberanía

La historia de Ceuta y Melilla es un punto clave en esta discusión. Ceuta es española desde 1580, mientras que Melilla lo es desde 1497. Ambas fechas preceden a la existencia del propio estado marroquí moderno, que se constituyó en 1956. Sin embargo, algunos argumentan que la geografía, al situarlas en el continente africano, debería prevalecer sobre los hechos históricos y legales. Esta perspectiva, que cuestiona la validez de las fronteras europeas en suelo africano, ignora la naturaleza de la formación de los estados, que se basa en vicisitudes históricas, acuerdos políticos y la voluntad de sus ciudadanos, no en meras coordenadas geográficas. La idea de que la frontera europea se encuentre en territorio africano no es, en sí misma, un principio democrático o de soberanía, sino una realidad histórica y política que ha sido aceptada y defendida por España durante siglos.

La misión fundamental de las fronteras es delimitar la soberanía, proteger los derechos de los ciudadanos y diferenciar los ámbitos de competencia de cada estado. Si estas líneas divisorias dejan de cumplir su función, se convierten en meras abstracciones sin valor práctico. La insistencia en que Ceuta y Melilla pertenecen a Marruecos, a pesar de la evidencia histórica y legal, se presenta como una falacia que busca socavar la posición española. La idea de que ciudadanos residentes en una democracia puedan pasar a ser súbditos de un régimen autoritario, sin más justificación que los deseos expansionistas de otro país, resulta insostenible desde una perspectiva de derechos humanos y principios democráticos.

La estrategia de la difusión de ideas

La publicación de artículos de opinión que promueven la cesión de Ceuta y Melilla a Marruecos, como la aparecida en El País firmada por Tahar Ben Jelloun, ha generado controversia. La decisión editorial de dar voz a estas ideas, que perjudican los intereses españoles, se interpreta no por la calidad intelectual del contenido ni por una colaboración periódica establecida, sino por un interés político subyacente. Se sugiere que el gobierno español, y en particular el PSOE y Pedro Sánchez, podrían estar interesados en amplificar estas voces para normalizar el debate sobre la soberanía de las ciudades autónomas. Esta estrategia, según se apunta, podría ser un preludio para un futuro cambio de estatus político o incluso para su entrega a Marruecos, como contrapartida por otros acuerdos o concesiones.

Las investigaciones sobre los flujos migratorios hacia Ceuta, que apuntan a una posible instigación por parte de Marruecos, se minimizan o se atribuyen a causas como el racismo o la extrema derecha. Esta narrativa, recurrente y cansina para algunos observadores, se considera una forma de evitar argumentos sólidos y recurrir a la difamación. La aparente pasividad del gobierno ante la violación de la integridad territorial española, calificada como una "crisis desagradable" o una "desgracia" en el caso del ahogamiento de migrantes, refuerza la percepción de una política de sumisión hacia Marruecos. El cambio radical y unilateral en la posición del gobierno respecto al Sáhara Occidental, sin respaldo parlamentario, es citado como un ejemplo de esta sumisión política.

Voces internas y externas

La preocupación no se limita a las voces externas. Se señala que existen ciudadanos españoles que defienden las políticas del gobierno de Sánchez a pesar de los perjuicios objetivos que, según esta perspectiva, han causado a España. Esta fenómeno, descrito como "idiotas sin fronteras", sugiere que la debilidad en la defensa de los intereses nacionales no solo proviene del exterior, sino que también encuentra eco dentro del propio país. La estrategia de difundir ideas que cuestionan la soberanía española, ya sea a través de medios de comunicación o de figuras públicas, se considera una táctica para erosionar la unidad y la voluntad de defender los territorios españoles en África.

La argumentación de que "no es normal que la frontera europea se encuentre en territorio africano" se considera una insensatez que ignora la naturaleza de los estados y su formación. Los estados no nacen por razones geográficas, sino por la confluencia de eventos históricos, pactos políticos y la libre adhesión de los ciudadanos. Pretender que la ubicación geográfica determine la soberanía es un argumento débil que busca justificar intereses expansionistas. La defensa de Ceuta y Melilla no es solo una cuestión de historia o derecho, sino de proteger la integridad territorial y los derechos de sus habitantes.