La regularización que abre la puerta a los delincuentes
Si el objetivo fuera vaciar las cárceles de medio mundo y traer a sus inquilinos a España, no se haría mejor. No hay una orden firmada, pero la información publicada en los últimos meses documenta una cadena de efectos que apunta en esa dirección: cancelación masiva de antecedentes, regularizaciones con controles difusos y una frontera en Ceuta que se ha convertido en la puerta de entrada para personas previamente expulsadas por yihadismo.
1,1 millones de antecedentes borrados sin control
El primer dato lo aporta el propio Ministerio de Justicia: más de 1,1 millones de antecedentes penales cancelados en cinco años mediante sistemas automatizados. La misma fuente vinculó esas cancelaciones con la obtención de nacionalidad y permisos de residencia. El matiz que duele: para el borrado automático no se exige haber pagado la responsabilidad civil. Es decir, quien debe dinero a la justicia por un delito se limpia el historial sin pasar por caja.
Ceuta: la frontera que no filtra
En la frontera de Ceuta, los cuerpos policiales detectaron a una decena de personas previamente expulsadas de España por yihadismo entre las que cruzaron en la última oleada. Varios países ofrecieron su ayuda para identificar a radicales que no estaban fichados. El dato de contexto: la mayoría de los detenidos el año pasado por yihadismo en España eran marroquíes. La combinación no invita a la confianza.
La nacionalidad como premio: el caso Leire Díaz
El frente de la nacionalidad ha puesto nombres propios. Justicia reconoció haber concedido la nacionalidad a un exviceministro chavista vinculado a las cloacas del PSOE, después de que la UCO se personara en el ministerio. Según las informaciones, Leire Díaz habría realizado gestiones para allanar los trámites. Al otro lado del Atlántico, EEUU investiga la concesión de nacionalidad española a personas vinculadas al castrismo y al crimen organizado. Nada de esto está probado judicialmente, pero el patrón alimenta la sospecha.
¿Incompetencia o guerra híbrida?
Las interpretaciones se dividen. Hay quien sostiene que el Gobierno alimenta deliberadamente el caos para desviar la atención y controlar a la población. Otros lo reducen a pura incompetencia: una máquina administrativa que borra antecedentes sin criterio y una política migratoria secuestrada por la ideología. Bruselas, mientras tanto, ha avisado a Pedro Sánchez de que es su responsabilidad verificar si los regularizados suponen un riesgo para la seguridad. El Ejecutivo no ha ofrecido una respuesta que despeje las dudas.
Con este panorama, la desconfianza en la política migratoria no deja de crecer. El Gobierno puede seguir negando la mayor, pero los números y los casos se acumulan. La sensación es que la receta no cambia: regularizar, borrar y esperar que el problema no llame a la puerta. Hasta que llame.