el PSOE ahora nos quiere engañar vendiendonos sus gafas de sol

La DGT estudia exigir gafas homologadas al volante​

¿De verdad hace falta una gafa especial para conducir? La Dirección General de Tráfico ha puesto sobre la mesa la posibilidad de prohibir las gafas de sol convencionales y exigir un modelo específico, homologado y fabricado solo para usar al volante. La noticia, publicada por El Nacional.cat, ha caído como un jarro de agua fría entre los conductores, que ven en la medida un nuevo impuesto disfrazado de seguridad vial. El argumento oficial es la visibilidad en determinadas situaciones, pero el calendario de la medida y quién la va a vender siguen sin estar claros.

Qué plantea exactamente la DGT​

El organismo que dirige la seguridad vial en España está, según la información publicada, considerando la posibilidad de retirar de los coches las gafas de sol convencionales y sustituirlas por unas gafas específicas, fabricadas únicamente para conducir. La justificación que se da es mejorar la visibilidad en ciertas condiciones de luz, especialmente cuando el sol deslumbra o cuando hay reflejos en el asfalto mojado. La medida se enmarcaría en una supuesta revisión de la normativa de tráfico.

La noticia no ha sentado bien. Hay quien sostiene que la DGT lleva años buscando nuevas formas de recaudar y que esta es una más. Otros apuntan directamente a la falta de datos: no se explica cuántos accidentes se evitarían, ni cuánto costaría la gafa homologada, ni quién la fabricaría. El propio medio que publica la información es cuestionado por algunos lectores, que recuerdan que El Nacional.cat no es precisamente un referente de rigor informativo.

El negocio detrás de la homologación​

La sospecha más repetida es la del pelotazo. Si la DGT exige un modelo concreto de gafas, alguien tendrá que fabricarlo y venderlo. Y ese alguien, según el patrón habitual, será una empresa afín al partido que gobierna. El cálculo que circula es sencillo: se publican los requisitos en el BOE, y al día siguiente ya hay un producto en el catálogo de una empresa que casualmente se adelantó a los acontecimientos. Los funcionarios que redactan la norma, meses después, cogen la excedencia y se colocan en el consejo de administración de la vendedora.

No es una teoría descabellada, según quienes la sostienen. Es el modus operandi que, afirman, se ha visto en otros sectores, desde las mascarillas hasta los test de antígenos. La diferencia es que aquí el producto es de uso diario y obligatorio para millones de conductores. El coste no lo pagará el Estado, sino el bolsillo de cada español que tenga un coche.

Las gafas polarizadas y el problema de las pantallas​

Uno de los argumentos técnicos que se esgrimen es que las gafas polarizadas son mejores para conducir porque eliminan los reflejos. Es cierto: las gafas polarizadas reducen el deslumbramiento del asfalto y del agua. Pero también es cierto que las pantallas digitales de los coches modernos se ven peor con ellas. Y cada vez hay más pantallas: navegadores, cuadros de instrumentos, sistemas de infoentretenimiento. La gafa que mejora la visión del asfalto empeora la de la pantalla.

Hay quien recuerda que los pilotos de avión tienen prohibidas las gafas polarizadas por ley, precisamente por los problemas que causan con las pantallas y los instrumentos. Si la DGT quiere imponer una gafa técnica, tendría que aclarar qué tipo de gafa es y para qué coche. Porque no es lo mismo un utilitario de 2010 con mandos analógicos que un eléctrico de 2024 con tres pantallas táctiles.

El coste para el conductor​

La pregunta que nadie responde es cuánto costará la gafa homologada. Las gafas de sol normales cuestan entre 10 y 30 euros en cualquier óptica o supermercado. Una gafa con certificación oficial, fabricada en serie limitada y con el sello de la DGT, no bajará de los 50 o 60 euros, según los cálculos que circulan. Multiplíquelo por dos, porque hará falta una para el conductor y otra para el copiloto. Y súmele la funda, el cordón y el paño de limpieza, que también irán aparte.

A esto se añade el coste administrativo. Si la gafa tiene que estar homologada, alguien tendrá que verificar que lo está. ¿La policía de tráfico? ¿Los agentes de la DGT? ¿Los propios fabricantes? Cada control añade burocracia y cada burocracia añade tiempo y dinero. El resultado es que el conductor pagará dos veces: una por la gafa y otra por el sistema que la controla.

La falta de datos y el precedente del triángulo​

La medida se presenta como una mejora de la seguridad vial, pero no viene acompañada de datos. No se dice cuántos accidentes se producen por deslumbramiento, ni cuántos se evitarían con la gafa homologada, ni cuánto costaría el cambio. Sin esas cifras, la medida es una opinión, no una política pública.

El precedente del triángulo de emergencia es ilustrativo. Hay quien sostiene que se impuso como obligatorio durante años, hasta que se descubrió que provocaba más accidentes de los que prevenía. La ciencia, esa que ahora se invoca para justificar la gafa, tardó en llegar. Con las gafas puede pasar lo mismo: se impone primero y se evalúa después, si acaso.

Lo que dice la calle​

La reacción mayoritaria es de rechazo. Se argumenta que la DGT se aburre y que cada mañana se levanta pensando en cómo fastidiar al ciudadano. Se recuerda que ya hay demasiadas cosas obligatorias en el coche: neumáticos, recambios, chaleco, triángulos, luces de emergencia. Y que mientras tanto las carreteras siguen llenas de socavones y los delincuentes siguen sin ser perseguidos.

También hay quien señala que la medida es un ejemplo más de la deriva intervencionista del Gobierno. Primero fue la vacuna, luego el pasaporte COVID, luego el impuesto al plástico, ahora las gafas. La sensación es que cada vez hay menos espacio para la decisión individual y más normas que dicen cómo vivir. El conductor, dicen, ya no es un ciudadano: es un rebaño al que hay que estabular.

---

Al final, la pregunta no es si las gafas homologadas mejoran la seguridad vial. La pregunta es quién las va a vender, cuánto van a costar y por qué nadie ha enseñado todavía el estudio que lo justifica. Cuando eso se aclare, sabremos si estamos ante una medida de seguridad o ante un negocio con el BOE como socio.