Hacía falta meterlo en un programa electoral para que nadie pueda ser juez y parte en la misma ley; el sentido común, por lo visto, ya no venía de serie.
La "despolitización" de la justicia ha sido una de las obsesiones del mandatario popular durante el tiempo que lleva al frente de la oposición, especialmente en el caso del Tribunal Constitucional. Y una de las cláusulas más relevantes de los compromisos electorales de Feijóo pasa por prohibir que ningún magistrado del órgano de garantías juzgue leyes en las que participó, ya sea desde el Gobierno o desde la Administración, según ha podido saber El Confidencial.
"Reforzar la independencia, la autoridad y la legitimidad del Tribunal Constitucional es esencial para que los límites al poder sean creíbles y las reglas constitucionales sean respetadas por todos", reza el documento. Esta medida hubiese evitado algunas de las actuaciones más controvertidas en el seno del TC a lo largo de la legislatura y ahonda en la promesa de "imparcialidad" dentro de la institución.
Uno de los episodios más controvertidos vino con las deliberaciones sobre el recurso de inconstitucionalidad que el PP había presentado contra la ley de amnistía. Génova solicitó que tanto Cándido Conde-Pumpido como la magistrada Laura Díez se apartasen del procedimiento, pero el TC rechazó la recusación de ambos. Los populares denunciaron entonces que el presidente del tribunal de garantías había realizado declaraciones públicas sobre el procés y tenía una trayectoria como fiscal general del Estado, pero el caso más polémico fue el de Díez.
La "despolitización" de la justicia ha sido una de las obsesiones del mandatario popular durante el tiempo que lleva al frente de la oposición, especialmente en el caso del Tribunal Constitucional. Y una de las cláusulas más relevantes de los compromisos electorales de Feijóo pasa por prohibir que ningún magistrado del órgano de garantías juzgue leyes en las que participó, ya sea desde el Gobierno o desde la Administración, según ha podido saber El Confidencial.
"Reforzar la independencia, la autoridad y la legitimidad del Tribunal Constitucional es esencial para que los límites al poder sean creíbles y las reglas constitucionales sean respetadas por todos", reza el documento. Esta medida hubiese evitado algunas de las actuaciones más controvertidas en el seno del TC a lo largo de la legislatura y ahonda en la promesa de "imparcialidad" dentro de la institución.
Uno de los episodios más controvertidos vino con las deliberaciones sobre el recurso de inconstitucionalidad que el PP había presentado contra la ley de amnistía. Génova solicitó que tanto Cándido Conde-Pumpido como la magistrada Laura Díez se apartasen del procedimiento, pero el TC rechazó la recusación de ambos. Los populares denunciaron entonces que el presidente del tribunal de garantías había realizado declaraciones públicas sobre el procés y tenía una trayectoria como fiscal general del Estado, pero el caso más polémico fue el de Díez.