El País; sobre el pucherazo: Más de un millón de descendientes de españoles han pedido la nacionalidad y otros 1,3 millones esperan cita

Ley de Nietos: 2,4 millones de solicitudes encienden la alarma electoral​

La Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022 para reparar el exilio republicano, ha desbordado todas las previsiones. Más de un millón de descendientes de españoles ha solicitado la nacionalidad, y otros 1,3 millones aguardan cita. Las cifras totales se aproximan a 2,4 millones de peticiones, una cifra que, según las fuentes, incluye también cerca de 900.000 solicitudes de regularización. El debate ya no es solo genealógico: es electoral.

El voto que no pisa España​

El meollo de la polémica es que quienes obtengan la nacionalidad podrán votar en las elecciones generales, aunque nunca hayan residido en España. La ley no exige un periodo mínimo de residencia para ejercer el sufragio en los comicios. Esto ha disparado las acusaciones de manipulación del censo: desde el Gobierno, se insiste en que es una medida de justicia histórica; en las esquinas del análisis político, se sostiene que es una forma de mover el tablero electoral hacia el partido que impulsó la norma. La hermana de Óscar Puente, como alto cargo que firmó la orden que permite el voto a nietos de exiliados, se ha convertido en el blanco de las críticas. Los recursos judiciales presentados, sin embargo, han sido rechazados.

¿Qué votante trae el pasaporte europeo?​

Si estos dos millones de nuevos votantes decantarán la balanza hacia la izquierda o la derecha es una incógnita. Hay quien argumenta que el perfil del descendiente de emigrantes, con fuerte cultura del esfuerzo, tenderá al voto conservador. Otros recuerdan que muchos provienen de países con tradición socialista y que, en España, votarán al partido que más servicios públicos prometa. La incógnita no es menor: Buenos Aires, donde se concentra una gran comunidad, podría convertirse en una de las circunscripciones más decisivas para el resultado final.

El impacto en el ladrillo y el alquiler​

Más allá del voto, la llegada de este volumen de personas –aunque sea paulatina– tiene un efecto inmediato sobre el mercado de la vivienda. La demanda extra aprieta alquileres y precios de compra en las grandes ciudades. El argumento de que la inmigración rejuvenece la pirámide poblacional y paga pensiones choca con la realidad de un parque de viviendas insuficiente. La tensión entre necesidad demográfica y presión habitacional no tiene una salida clara.

¿Pucherazo o simple efecto estadístico? La discusión llega a medida que se acercan los comicios. Pero una cifra lo resume todo: 2,4 millones de personas que, sin haber vivido en España, podrían decidir quién la gobierna. La ley que iba a curar heridas históricas ha abierto una nueva línea de fractura: la del censo.