Dos empresas controlan el grifo de medio España: el negocio del agua en cifras
Abres el grifo, compras una botella, riegas el campo. Detrás de cada gesto cotidiano se esconde la misma estructura: un puñado de corporaciones decidiendo quién paga y cuánto. El agua, que hasta mediados del siglo XX se consideraba un bien libre, es hoy un negocio con ganadores muy concretos.
Según los datos que maneja el sector, Agbar (del grupo francés Suez) y Aqualia (de FCC) controlan el 87% de la gestión privada del agua urbana en España. El 55% de la población ya paga su factura a multinacionales. Madrid resiste con su Canal de Isabel II público, pero Barcelona, Valencia, Murcia o Sevilla viven bajo el paraguas de los dos colosos. La ingeniería societaria es digna de estudio: fusiones, cambios de nombre y concesiones que diluyen la responsabilidad.
La gran pregunta es si lo privado funciona mejor. El caso argentino ofrece una respuesta contundente: en 1993, Suez se hizo con Aguas Argentinas, aplicó tarifazos del 88% e incumplió el 70% de las inversiones pactadas. El Estado rescindió el contrato en 2006 y la gestión pública de AySA incorporó a 2,4 millones de personas al agua potable y 2,1 millones al alcantarillado. En 2024, AySA volvió a superávit operativo. Mientras tanto, los defensores de lo público señalan a Singapur y Países Bajos como modelos de gestión estatal eficiente.
Ahora, España arranca el cuarto ciclo de planificación hidrológica (2028-2033). Los esquemas provisionales estuvieron en consulta pública entre noviembre de 2025 y mayo de 2026, y los planes definitivos deben aprobarse antes del 31 de diciembre de 2027. Ahí se decidirán asignaciones, reservas y caudales ecológicos. Y en paralelo, crece el negocio de las desaladoras: la de Torrevieja camino de convertirse en la más grande de Europa, con un coste energético brutal que alguien acaba pagando.
¿Estamos ante un servicio público o ante un mercado cautivo? La respuesta define quién controla el grifo. Y no parece que vaya a caer del cielo.