El liberaloide jano garcía es brutalmente humillado por atacar a los pensionistas

El 74% de más que cobran los pensionistas frente a lo que cotizaron​

¿Cuánto cobra de más un pensionista respecto a lo que aportó durante su vida laboral? La cifra que se reparte es contundente: un 74% de media, con el Banco de España como fuente citada. Sobre ese número se ha montado una pelea que no va de aritmética, sino de quién paga la factura. A él se suma otro dato: casi uno de cada dos euros que gasta el Estado acaban en el sistema de pensiones. Y una etiqueta que enciende todos los ánimos: estafa piramidal.

¿Es el sistema de pensiones una estafa piramidal?​

Una corriente de análisis sostiene que el sistema de reparto —las cotizaciones de los activos financian las pensiones de los jubilados actuales— solo aguanta mientras la base de cotizantes sea lo bastante ancha. Si esa base se estrecha, el esquema se parece demasiado a una cadena donde los últimos en entrar sostienen a los primeros sin garantía de cobrar su turno. Quien defiende esta lectura subraya que el problema se conoce desde hace décadas y que nadie ha querido meterle mano.

La trinchera opuesta responde que llamar estafa al mecanismo que pagará tu propia pensión es confundir el mensajero con el problema. Los pensionistas no diseñaron las reglas: las votaron los gobiernos y las sostienen los Presupuestos. Y añaden una advertencia nada sutil: quien hoy tiene treinta o cuarenta años también querrá su pensión mañana. La discusión, dicen, no es entre jóvenes y viejos, sino entre quien propone un plan creíble y quien solo pide que otros se aprieten el cinturón.

La pirámide invertida y el 30% de jubilados​

El argumento más repetido es demográfico. Con una proyección donde en torno al 30% de la población sería jubilada, cobrando pensiones similares a un salario normal, la cuenta no sale por ningún lado. Hay quien lo resume con dureza: sostener este esquema con una pirámide de población invertida es matemáticamente imposible, y quien lo niega sencillamente no sabe leer una pirámide.

Sobre todo ello planea una sospecha generacional. Los menores de cincuenta ven en sus cotizaciones una fiesta que no van a disfrutar: pagan las pensiones de hoy sabiendo que su turno llegará con el sistema en quiebra o, en el mejor de los casos, con una prestación menguada. Y a ese temor se le añade el de la vivienda: quien no sea propietario tendrá que seguir alquilando hasta el final.

Recortar ministerios y despedir a 1,5 millones de funcionarios​

Frente al diagnóstico, las propuestas. Una de las más desarrolladas plantea reducir a la mínima expresión el aparato del Estado: mantener solo Sanidad, Educación, Defensa, Exterior, Interior, Justicia y Seguridad Social, prescindir de 1,5 millones de empleados públicos y auditar cada céntimo antes de tocar una sola pensión. Solo entonces, si sobrara dinero, se podría transicionar hacia un modelo de ahorro privado. Si no sobrara, el recorte acabaría llegando también a las prestaciones.

El contrapunto llega en forma de cálculo incómodo: desmantelar un ministerio concreto cuya partida rondaba los 500 millones de euros serviría para pagar exactamente un día de pensiones. La demagogia del recorte fácil se desmonta con una división. Y el diagnóstico alternativo apunta en otra dirección: España no tendría tanto un problema de gasto como de malgasto, con redes clientelares, asesores millonarios y duplicidades que se comen el presupuesto antes de que se hable de jubilados.

De las pesetas al IPC: por qué el cálculo del 74% se discute​

Otra línea de fricción es histórica. Buena parte de quienes hoy cobran cotizaron en pesetas, trabajaron temporadas en negro, accedieron a prejubilaciones financiadas por todos y, en algunos casos, apenas necesitaban un puñado de años cotizados antes de jubilarse. Con esas reglas, la comparación entre lo aportado y lo recibido se vuelve un jeroglífico.

La réplica es que el sistema no es una hucha individual: lo que se cotizó hace cincuenta años servía para pagar las pensiones de hace cincuenta años, no las de ahora. Y que la inflación ha ido devaluando los ahorros de todos. Hay quien va más allá y recuerda que los ingresos no contributivos, las viudedades, las orfandades y las incapacidades deberían salir de los Presupuestos y no del sistema contributivo, porque mezclarlos dispara el gasto de algo que debería estar controlado.

Quién sostiene que la solución es el ahorro privado​

Entre los planteamientos más repetidos está el de quienes quieren poder salir del sistema público y gestionar su dinero por su cuenta. Su queja es que no existe esa opción y que la cotización obligatoria equivale, en su lectura, a una expropiación. Frente a ellos, la respuesta mayoritaria es que el sistema no es un delito, que es el instrumento que pagará las pensiones futuras y que el problema es político, no un pleito contra los abuelos.

Un economista llamado a opinar en televisión lo resumió sin matices: el sistema es absolutamente insostenible. La presentadora, según la escena que se describe, ponía cara de sorpresa. Sorprenderse ya es un mérito: el aviso lleva décadas encima de la mesa.

Con estas piezas, lo razonable sería un pacto de Estado que reparta el ajuste entre pensionistas actuales y futuros. Lo que hay es una trinchera donde cada uno espera que el otro se dé de bruces primero.