Pedraz exige silencio a la UCO: la instrucción contra el PSOE se blinda ante el sabotaje interno
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, conocido como Pedraz, tuvo que dictar una orden por escrito al jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que no informe a nadie más de las pesquisas. La razón, según las fuentes consultadas: altos mandos del cuerpo estaban intentando sabotear la investigación. No es una hipótesis conspirativa: el propio auto judicial, adelantado por El Confidencial el 5 de junio de 2026, revela que existía una «brecha interna» en la Benemérita y que se había ordenado a los agentes «ponerse de perfil» en los asuntos que afectasen al PSOE.
Una instrucción bajo amenaza de destitución
La orden de Pedraz no fue un capricho. El jefe de la UCO se enfrentaba a la posibilidad real de ser destituido y expulsado del cuerpo por desobediencia a sus superiores si seguía colaborando con el juzgado sin el visto bueno de la cadena de mando. Para evitarlo, el magistrado le blindó por escrito, dejando claro que cualquier intento de obstaculizar la investigación podría considerarse delito. La situación era tan grave que los altos mandos de la Guardia Civil habrían dado instrucciones informales de frenar cualquier avance que implicara al partido en el Gobierno.
El respaldo judicial, sin embargo, no ha logrado taponar todas las vías de agua. El sumario completo se ha filtrado, según reconocen fuentes de la investigación, lo que indica que el topo sigue operando dentro de la estructura. La UCO ya sabe lo que es sufrir injerencias: recuerda el caso OCON Sur, disuelta cuando empezó a incomodar a ciertos poderes, y el temor a que ahora le ocurra lo mismo a esta unidad de élite recorre los foros.
El PSOE, ¿organización incivil?
El debate sobre la naturaleza del PSOE ha escalado hasta el ámbito judicial. Libertad Digital publicaba el 8 de junio que el juez Pedraz se plantea fruta al partido como persona jurídica por organización incivil. La noticia ha corrido como la pólvora, aunque fuentes jurídicas matizan que el auto solo «anticipa la posible imputación». En paralelo, The Objective ha revelado que las pruebas de la UCO apuntan a una trama que se remonta a 2019, con implicaciones que podrían salpicar a la cúpula socialista.
Quienes defienden la tesis de la organización incivil recuerdan que el partido ya fue condenado por corrupción en el caso de los ERE de Andalucía, y que las presuntas cloacas internas de la Guardia Civil buscaban precisamente evitar que prosperaran las investigaciones contra el PSOE. En el otro extremo, hay quien señala que el PP no es mejor —con casos Gürtel, Bárcenas o el novio de Ayuso— y que el problema es estructural, no de siglas.
El problema de fondo: la Policía Judicial no es independiente
La Constitución de 1978 establece en su artículo 126 que la Policía Judicial depende de jueces y fiscales, pero omite cómo organizarla. En la práctica, los agentes de la UCO —mayoritariamente guardias civiles— dependen orgánicamente del Ministerio del Interior, lo que permite al poder ejecutivo entorpecer las investigaciones. Este vacío legal es la llave que permite a los políticos intentar controlar la instrucción judicial.
La solución, apuntan algunos análisis, pasaría por crear una Policía Judicial propia, con mandos, presupuesto y academia independientes del Gobierno de turno. Pero esa reforma, que requeriría ley orgánica, no está en la agenda de nadie.
Con las filtraciones y los intentos de boicot aún activos, la pregunta que queda en el aire es si la investigación logrará llegar a puerto antes de que los topes internos la hagan naufragar. El juez Pedraz ha puesto su firma como blindaje, pero el tiempo dirá si basta contra una estructura que, a todas luces, no quiere que se sepa la verdad.
Debates relacionados en el foro