Rusia traslada a miles de niños ucranianos y solo 51 han regresado
El traslado forzoso de menores ucranianos a territorio ruso y a zonas ocupadas es, según las autoridades de Kiev, uno de los episodios más graves de la invasión. La acusación no es nueva: la Defensoría del Pueblo ucraniana cifra en más de 7.000 los niños deportados ilegalmente y denuncia que Moscú dificulta su retorno e incluso ha simplificado las leyes de adopción para integrarlos. De ese total, solo
51 han podido volver, según el Defensor del Pueblo, Dmytro Lubinets.
La comisionada de Derechos del Niño ucraniana eleva la cifra a
234.000 menores trasladados a Bielorrusia,
Rusia o territorio ocupado, una práctica que, recuerda, prohíbe el Convenio de Ginebra. Otras fuentes citadas en el debate hablan de 5.100 huérfanos y niños separados de sus padres entregados a familias rusas para rusificarlos y cortarles su vínculo con Ucrania.
Qué dicen los datos sobre los niños ucranianos trasladados a Rusia
La Fiscalía General ucraniana ha identificado a cinco menores víctimas de agresiones sexuales como crímenes de guerra, según declaró el fiscal Andriy Kostin, que añadió que la cifra real es previsiblemente mayor. La investigación arrancó de una denuncia del Gobierno ucraniano que documentó
2.398 casos de apropiación de niños hasta abril, una cifra que Kiev cree que hoy podría escalar a 120.000.
El proyecto «Children of War» publica un listado detallado: identifica a 6.643 menores localizados, otros 244 desaparecidos y 8.140 deportados a Rusia, de los que solo 96 regresaron con sus familias. La comparación entre fuentes no cuadra —7.000, 8.140, 120.000, 234.000— y esa dispersión es, en sí misma, parte del problema: nadie tiene un censo fiable de cuántos niños han sido movidos contra la voluntad de sus familias.
El precedente del Lebensborn y la acusación de rusificación
Una parte del análisis sitúa la práctica en la estela del
Lebensborn, el programa de Himmler que durante la Segunda Guerra Mundial capturó y entregó a familias alemanas a unos 250.000 niños de territorios ocupados, la mayoría polacos. Tras la guerra, solo 25.000 recuperaron su identidad: uno de cada diez. Quien sostiene esta lectura añade un motivo demográfico: Rusia perdió población entre 1998 y 2020 y las proyecciones apuntan a una caída aún mayor, lo que convertiría la adopción forzosa en una política de reemplazo.
En contra pesa el argumento de que la cifra exacta no está verificada por organismos independientes y de que la acusación se apoya en fuentes ucranianas. La Convención de Ginebra considera crimen de lesa humanidad el traslado forzoso de menores desde una zona de guerra, y esa calificación es la que sostiene Kiev ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional.
La respuesta del debate: «¿Y los menores tutelados en España?»
Una corriente de opinión desvía el foco hacia los casos de abusos en centros de menores tutelados en España y hacia los menores migrantes no acompañados, argumentando que no se puede acusar a Rusia sin mirar antes lo propio. Es un
whataboutism de manual, pero apunta a un nervio real: la gestión de la infancia vulnerable institucionalizada.
Otra corriente responde que el traslado forzoso de población infantil en un conflicto armado es una categoría jurídica distinta —crimen de guerra— y que mezclar planos no exime a nadie. El intercambio se encona cuando se introducen las acusaciones cruzadas de pederastia entre bloques, un terreno donde los datos brillan por su ausencia y la consigna por su abundancia.
El caso de la niña herida por una mina y el intercambio como prisionera
Entre los casos concretos que circulan hay uno especialmente incómodo: una niña de 12 años herida por la explosión de una mina, cuyo padre murió en el conflicto, y a la que se pretende intercambiar como prisionera. La historia de Kira, otra menor de 12 años que lo perdió todo y quedó en manos rusas, ilustra el mismo patrón: niños convertidos en moneda de cambio o en población a asimilar.
La Convención de Ginebra prohíbe el traslado forzoso de menores desde zona de guerra y lo califica como crimen de lesa humanidad. Con estas cifras sobre la mesa, la pregunta no es si hubo traslados —las fuentes ucranianas los documentan— sino cuántos niños no volverán nunca a casa.