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Óscar Puente, Óscar López y Montse Mínguez hablan abiertamente de un sector que persiguen derrocar a Pedro Sánchez
Las advertencias que la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, Isabel Perelló, lanzó al Gobierno el pasado jueves sobre la "extraordinaria gravedad" que tiene que un cargo institucional atribuya a un juez propósitos políticos han tenido el efecto contrario al que buscaban. Lejos de echar freno a las críticas a los jueces españoles, el Ejecutivo socialista ha decidido pisar el acelerador en una cruzada con la que pretende convencer a los votantes socialistas de que la Justicia actúa de manera parcial, para favorecer los intereses de la derecha y echar a Pedro Sánchez de La Moncloa.
El ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha asegurado a primera hora de la mañana que "hay jueces que son salvapatrias" y que hacen "lo imposible para derrocar a este Gobierno" y que van contra leyes aprobadas en el Parlamento, incluso por el PP. "A mi no me va a sacar nadie de la cabeza el grito de Aznar de que quien pueda hacer que haga", ha exclamado a este respecto. Están en "derrocar al Gobierno", durante una entrevista en TVE. No ha sido un lapsus porque ha insistido en esta idea: "Hay sectores judiciales que se empeñan en tumbar al Gobierno todos los días". "A mí no me va a sacar nadie de la cabeza el grito de Aznar de que quien pueda hacer que haga", ha añadido.
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POR Ana Sánchez
Poco después, y también en TVE, el ministro de Transportes, Óscar Puente, seguía la misma línea y justificaba los ataques del Gobierno a los jueces en que los socialistas no se van a poner "una venda y una mordaza" cuando hay jueces que hacen "política" y actúan a favor del PP y Vox para "facilitar su llegada al Gobierno". Según el ministro de Transportes, hay decisiones judiciales que "hablan por sí solas respecto a cuál es la intencionalidad política que hay detrás de ellas".
Y en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Ejecutiva, la portavoz del partido, Montse Mínguez, ha advertido que "la justicia tiene que ser independiente" y ha señalado que "hay preguntas" que los jueces deberían explicar "muy bien". Como ejemplo, ha señalado por qué "unos recortes de prensa sirven", como en el caso de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, "y otras se tumban", como cuando se publicó que el padre de Mariano Rajoy vivía con él en La Moncloa cuando era presidente y recibía "cuidados".
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Siguiendo este hilo, Mínguez ha puesto sobre la mesa que hay "insultos" que "acaban en condena y otros no" o filtraciones que acaban con la carrera del fiscal general cuando otras "son trabajo periodístico". "Son preguntas abiertas", ha dicho Mínguez que "nos hacemos los socialistas".
Como gasolina de esa cruzada, el Gobierno está utilizando la decisión del Tribunal Supremo sobre la llamada 'ley de nietos', que los socialistas quieren utilizar para movilizar el voto republicano. En lugar de hacer autocrítica porque el propio PSOE votó en contra de una enmienda de Ciudadanos para que la nacionalidad española se concediera a todos los descendientes de españoles -y no solo a los descendientes de exiliados como recoge la ley aprobada-, para luego ampliar el texto en ese sentido por la puerta de atrás, mediante una instrucción que es el origen legal del problema ahora, los socialistas se enrocan en que están siendo perseguidos judicialmente.
López ha llegado a tildar de "salvajada" y de "atropello democrático" la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente el voto de todos aquellos nacionalizados por esta ley que no demuestren ser descendientes de exiliados. El ministro de Transportes, por su parte, ha sostenido que el Tribunal Supremo "no es el competente para conocer nada relacionado con la ley ni con la instrucción que luego la desarrolló", y ha cargado contra una decisión que ha tildado de "veredicto en forma de medida cautelar suspendiendo un derecho fundamental contra una instrucción y una ley".
Mínguez ha denunciado que la decisión del Supremo va a "quitarle el voto" a españoles por lo que ha exigido a la justicia que "resuelva muy rápido" recordando que el ponente del fallo dijo en una reunión que "preferia que ganara Feijóo". "Estamos muy preocupados por esa medida cautelar porque el voto es sagrado, cuelga de la nacionalidad y nos preocupa mucho la frase que se ha escrito de que hay un peligro real de que pueda afectar al resultado deseado por los españoles", ha añadido.
"Jamás votar puede ser un peligro real, eso viene de otra epoca que afortunadamente ya hemos superado. El peligro real para una democracia empieza cuando a algunos les parece un peligro votar", por ello, ha advertido que "no podemos lograr entender como se ha llegado hasta aqui" y que "se tendrá que explicar".
Galicia es una de las comunidades donde más peso tiene el voto exterior, y este domingo, el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, cargó contra PP y Vox asegurando que sus críticas a la 'ley de nietos' son una “falta de respeto a ese mundo de la inmi gración, aquellas personas que salieron y se marcharon después de la guerra civil y que construyeron su futuro en el mundo porque en España no lo podían hacer”.
Mínguez ha aprovechado también para echar en cara la "hemeroteca" del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, recordando que tanto en su programa electoral para Galicia en 2020 como el de las elecciones de 2023 incluyó una ley para dar la nacionalidad a los descendientes de españoles. A partir de aquí, ha asegurado que el jefe de la oposición no ha cambiado de opinión sino que Vox "le está escribiendo el programa". "Lleva 20 años defendiendo el voto exterior", ha denunciado.
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Este es el contexto en una mañana en el que la causa avanza y la que la Junta Electoral Central, siguiendo la orden del Supremo, ha pedido a la Oficina del Censo Electoral y a los consulados que le informen de la verificación de la condición de descendientes de exiliados de las personas que ya han sido nacionalizadas por la 'ley de nietos' o están en proceso de serlo.
Y también en una mañana en la que el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de septiembre, asesta una caída de la estimación del voto del PSOE del 33% anterior al 31% en el que es el primer sondeo que este órgano oficial realiza tras la crisis de Ceuta. Aún así, el órgano que dirige Jóse Félix Tezanos mantiene al PSOE por delante del PP, al que adjudica una intención de voto del 25,5% desde el 25,1%, mientras Vox crece más siendo el más beneficiado por la crisis de Ceuta, y situándose en el 16,6% desde el 13,3% de julio.
Respecto a Ceuta, la estrategia de los socialistas sigue anclada en defender la actuación del Gobierno "volcado" y "centrado" en solucionar la crisis, situar en el CNI la responsabilidad por no haber avisado de que 72.000 forasteros ilegales cruzarían la frontera, y denunciar que el PP está explotando la situación para sacar rédito electoral. "Lo consideran el golpe definitivo contra el Gobierno y Pedro Sánchez", se ha quejado. "Ceuta no les importa nada", ha arremetido, asegurando que el "objetivo" de los populares no es "solucionar" la crisis sino tener "instrumentos" para atacar a Pedro Sánchez.
"El PP siempre hace lo mismo, convertir en campaña electoral y en negocio las grandes crisis", ha continuado Mínguez, poniendo sobre la mesa las informaciones sobre las adjudicaciones a dedo del presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, a personas de su entorno.
Frente a ello, la portavoz del PSOE ha pedido a los ciudadanos "confianza" en Pedro Sánchez y que "juzguen por como terminan las crisis y no por como las explota" la oposición. "Siempre hemos ansioso reforzados de todas y cada una de las crisis de las que gestionado este Gobierno", ha aseverado la portavoz socialista, defendiendo que "son muchas más de las que nadie ha gestionado".
Las advertencias que la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, Isabel Perelló, lanzó al Gobierno el pasado jueves sobre la "extraordinaria gravedad" que tiene que un cargo institucional atribuya a un juez propósitos políticos han tenido el efecto contrario al que buscaban. Lejos de echar freno a las críticas a los jueces españoles, el Ejecutivo socialista ha decidido pisar el acelerador en una cruzada con la que pretende convencer a los votantes socialistas de que la Justicia actúa de manera parcial, para favorecer los intereses de la derecha y echar a Pedro Sánchez de La Moncloa.
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