El Gobierno reparte 1.000 menores migrantes por la península y la polémica estalla
¿Qué hay detrás de la decisión de distribuir menores no acompañados desde Ceuta al resto de España? La medida, impulsada por el PSOE, arranca con un millar de traslados, pero las cifras que circulan apuntan a que el programa podría ampliarse hasta casi 5.000. El anuncio ha reabierto el debate sobre inmigración, financiación y el reparto de responsabilidades territoriales.
Mientras el Ejecutivo lo presenta como un acto de solidaridad obligatoria, los críticos señalan que todo el operativo se paga con dinero público. No es una preocupación menor: la acogida de menores no acompañados tiene un coste elevado por plaza, y la factura final recae en los presupuestos del Estado, es decir, en los impuestos de todos.
El plan también ha despertado sospechas sobre las mafias que organizan la llegada de menores a Ceuta. Hay quien sostiene que la política migratoria del Gobierno incentiva la trata, mientras que otros ven una maniobra electoral para contentar a la izquierda. La realidad es que la gestión de la migración sigue siendo un agujero negro de datos e intenciones.
La conversación pública, sin embargo, se ha polarizado hasta el extremo: el debate legítimo sobre costes y solidaridad ha convivido con comentarios abiertamente xenófobos que no aportan nada. La pregunta que queda sobre la mesa es si este reparto obligatorio resolverá el problema de fondo o solo lo trasladará al interior.
El dinero sale de los impuestos, como siempre. Y la solidaridad, también de los bolsillos de todos. Quizá por eso el Gobierno la reparte con tanta generosidad.