El gobierno restringe la custodia compartida: los cuatro cambios que alertan a los padres
España se convertirá en el único país de la Unión Europea en prohibir el uso del término 'Síndrome de Alienación Parental' en los tribunales, según un anteproyecto de ley que además elimina el límite de edad de 12 años para que los menores declaren sobre su custodia. La reforma, que también limita el número de custodias compartidas y equipara a los hijos de víctimas de violencia de género como víctimas directas, ha desatado un intenso debate sobre el equilibrio entre la protección del menor y los derechos parentales.
Los cuatro pilares de la reforma
El anteproyecto, promovido por el Ministerio de Igualdad, introduce cuatro cambios clave: primero, se limita el acceso a la custodia compartida, dando prioridad al bienestar del menor como criterio único. Segundo, se elimina el límite de 12 años para escuchar la opinión del niño, permitiendo que cualquier menor sea oído, independientemente de su edad. Tercero, se prohíbe expresamente el uso del concepto 'Síndrome de Alienación Parental' (SAP), una noción utilizada frecuentemente por padres para alegar manipulación materna. Cuarto, los hijos de mujeres víctimas de violencia de género pasan a ser considerados también víctimas de violencia de género.
La polémica del SAP: ¿invisibilizar una realidad?
La prohibición del SAP es el punto más controvertido. Quienes se oponen argumentan que eliminar el término no hace desaparecer el fenómeno de la manipulación parental, y que deja a los padres sin una herramienta legal para denunciar estas situaciones. Por otro lado, los defensores de la reforma sostienen que el SAP no tiene base científica y que su uso ha servido para desacreditar denuncias legítimas de violencia doméstica. El anteproyecto lo califica de "pseudociencia" y lo vincula a una perspectiva de género superada.
Escuchar al niño sin límite: ¿protección o riesgo?
Eliminar el límite de edad también genera debate. Se argumenta que los niños pequeños son altamente sugestionables y que su testimonio puede ser fácilmente instrumentalizado por uno de los progenitores. Sin embargo, la ley pretende dar voz al menor, en línea con la Convención de los Derechos del Niño. Los jueces deberán justificar cualquier decisión que contradiga la opinión del menor, lo que algunos ven como una presión para otorgar la custodia al progenitor que el niño favorezca.
Reacciones y escepticismo
Las críticas más duras acusan a la ley de ser un ataque directo a la patria potestad masculina, con expresiones como "cierre del resquicio que quedaba a los hombres para tener la custodia". También hay quien cuestiona la viabilidad política de la reforma, al depender de mayorías parlamentarias ajustadas. Otros, más escépticos, ponen en duda que el anteproyecto incluya exactamente lo que se ha difundido, señalando que no se ha publicado el texto íntegro.
El debate está lejos de cerrarse. Mientras un sector ve un avance en la protección de la infancia y la erradicación de pseudociencias, otro denuncia una ley que desequilibra la balanza judicial y deja al progenitor no custodio sin defensas. La tramitación parlamentaria decidirá si estos cambios ven la luz o quedan en un nuevo capítulo de la guerra cultural.
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