NOTICIA: El gobierno dice que españa necesita 3,5 millones más de forasteros

Gobierno español necesita 3,5 millones de inmigrantes: las cuentas no cuadran​

El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene que España precisa incorporar 3,5 millones de inmigrantes adicionales para sostener el sistema de pensiones y cubrir vacantes laborales. Sin embargo, los datos disponibles sobre empleo, paro y productividad sugieren que la ecuación es menos simple de lo que se vende desde Moncloa.

Las cifras del Plan África​

El denominado Plan África prevé la regularización de casi un millón de inmigrantes hasta 2027-2028, a un ritmo de unos 300.000 anuales. La justificación oficial es que España necesita mano de obra para sectores como la hostelería, la construcción y la agricultura. Pero el mismo Gobierno reconoce que la población extranjera ya ha crecido en 3,7 millones desde 2018, y que el paro entre los inmigrantes alcanza el 14%, el nivel más alto en cinco años.

Empleo y subsidios: la realidad tras el discurso​

Mientras se plantea traer más trabajadores, cerca de 800.000 personas cobran en España un subsidio por desempleo que no exige haber cotizado previamente. La AIReF ha propuesto modificar el Ingreso Mínimo Vital por considerar que desincentiva la búsqueda de empleo. Además, solo un 10% de los menores extranjeros no acompañados (MENAS) de entre 16 y 17 años con permiso de trabajo tienen empleo. La paradoja es evidente: se importa mano de obra mientras una parte significativa de la población activa potencial no se incorpora al mercado.

Productividad: la gran ausente​

El recurso a la inmigración masiva como palanca de crecimiento económico es, cuando menos, discutible si no va acompañado de ganancias de productividad. Las horas trabajadas en España aún no han superado las de 2008, pese a que la población en edad laboral es mayor. Algunos análisis señalan que la inmigración con baja cualificación supone una carga neta para el Estado a largo plazo, según estudios daneses citados en el debate. El modelo de crecer vía incremento demográfico sin mejorar la eficiencia tiene los años contados, sobre todo ante la escasez de vivienda y la presión sobre los servicios públicos.

El coste social y político​

El debate trasciende lo económico. La presidenta de Baleares, Marga Prohens, ha criticado la política migratoria del Gobierno, abogando por proteger las fronteras y combatir las mafias. La oposición acusa al Ejecutivo de usar la inmigración ilegal como herramienta de control social. Mientras tanto, la AIReF alerta de que el ingreso mínimo vital desincentiva la búsqueda de empleo, y el paro entre los inmigrantes sigue al alza. Sin una estrategia clara de integración laboral y productividad, la llegada masiva de inmigrantes corre el riesgo de agravar los problemas estructurales del mercado laboral español.

Con estos mimbres, la apuesta por la inmigración masiva como solución única parece, cuando menos, arriesgada. La evolución de la productividad y la integración laboral de los recién llegados serán la clave para validar o desmentir la tesis oficial.