El Gobierno lleva a la Fiscalía las críticas a meteorólogos: ¿protección o censura?
La vicepresidenta tercera Sara Aagesen ha anunciado que remitirá a la Fiscalía los estudios que alertan del aumento de ataques y discursos de odio contra meteorólogos, divulgadores climáticos y periodistas. La medida, presentada como defensa de los profesionales frente al acoso, ha sido recibida con escepticismo generalizado. El debate se centra en si la acción gubernamental pretende proteger la actividad científica o silenciar las críticas legítimas al relato climático oficial.
El paraguas legal: ¿qué dice el Código Penal?
Los partidarios de la medida señalan que el artículo 510 del Código Penal castiga la incitación al odio contra grupos vulnerables. Sin embargo, los críticos recuerdan que los meteorólogos y divulgadores no son un colectivo vulnerable, y que el mero hecho de discrepar de sus pronósticos o metodología no debería ser delito. En el debate se cita el presupuesto de AEMET, 133,7 millones de euros en 2023, como ejemplo de un organismo público que, según algunos, ha perdido credibilidad al cambiar la escala de colores en sus mapas para exagerar el calentamiento. "Treinta grados en verano se coloreaban de amarillo en los 2000; ahora los pintan de rojo negruzco", es una de las críticas recurrentes.
La respuesta ciudadana: entre la ironía y la indignación
La mayoría de las reacciones en el debate cuestionan que se tipifique como delito de odio la crítica a la labor de estos profesionales. Se mencionan frases como "no tienen ni puta idea" o "cobran por transmitir la ideología del gobierno", preguntándose si eso es delito. Algunos usuarios recuerdan que ya existen tipos penales para las amenazas reales, y que expandir los delitos de odio a la discrepancia científica supone un paso hacia la censura. También se ironiza sobre la comparación con la dictadura franquista, afirmando que "la dictadura era Franco, pero éstos tienen policía del pensamiento".
Una campaña publicitaria que echa más leña al fuego
Coincidiendo con el anuncio, el Gobierno lanzó la primera campaña publicitaria sobre cambio climático bajo el lema "Confío en vosotros", con un coste que no se ha detallado. Los críticos ven en esta campaña un intento de movilizar a la opinión pública contra los denominados "negacionistas", mientras que el Ejecutivo defiende que es necesaria para contrarrestar la desinformación. Los datos del debate también apuntan a que el Senado ha citado a Aagesen por supuestas irregularidades en el Ministerio, lo que añade un contexto de desgaste político.
La pregunta que queda en el aire es si la judicialización del debate climático logrará reducir el acoso o, por el contrario, alimentará la polarización. Lo único seguro es que el enfrentamiento entre el discurso oficial y los escépticos no ha hecho más que empezar.
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