EL FIN DEL CAPITALISMO ESTÁ A LA VUELTA DE LA ESQUINA Y LA PEÑA SIGUE INGENUAMENTE HACIENDO SU VIDA Y SUS PLANES COMO SI NADA.

El fin del capitalismo que no llega: 2,7 millones viven del IMV​

El fin del capitalismo tiene fecha y hora. Faltan 23 días para el 1 de octubre, dicen los más convencidos. El resto de la población, mientras tanto, sigue pidiendo el IMV, invirtiendo cada mes o comprando pan. En medio de ese desfase aparece el dato que ordena toda la discusión: 2,7 millones de personas cobran ya el Ingreso Mínimo Vital en España, una cifra que a los apocalípticos les parece ridícula y a los escépticos, el principio de algo bastante más grande.

De la máquina de vapor a un sistema que trabaja solo​

El argumento tecnológico ya no se apoya en promesas. Los modelos con capacidad de agencia gestionan flujos de trabajo profesionales de varios pasos con supervisión humana mínima, y hay quien sostiene que eso ya no es un invento más: es haber creado un inventor. La lista de oficios que se dan por amortizados primero es concreta y poco glamurosa: diseñadores, abogados, programadores, atención al cliente y soporte técnico, traductores.

Frente a ese relato, la objeción clásica: la máquina de vapor y el ordenador tampoco acabaron con el empleo. El matiz que rompe la simetría es la velocidad. Un cambio tecnológico que tarda cuarenta años en desplegarse da tiempo a reconvertirse; uno que se despliega en cinco, no.

El IMV ya funciona como renta básica por la puerta de atrás​

La prestación tiene números concretos: unos 700 euros mensuales para un solicitante empadronado en solitario, sin apenas patrimonio, y posibilidad de sumar bonos sociales para suministros. El requisito de residencia legal efectiva en España se extiende al menos un año, y el DNI por sí solo no acredita nada. La prestación se declara como rendimiento del trabajo y obliga a presentar la declaración de la renta aunque sea el único ingreso.

El control no es solo nacional. Existen sistemas europeos de intercambio de información laboral y fiscal que permiten detectar a quien cobra aquí mientras cotiza en otro país. La sospecha de fraude se cruza con otro dato incómodo: hay solicitudes que llevan seis meses sin resolverse con abogado de oficio de por medio, y se maneja la referencia de que la mayoría de peticiones acaban denegadas.

El que manda es el que tiene la impresora​

Aquí el análisis se vuelve más incómodo para los dos bandos. Una corriente recuerda que el Estado ya recauda alrededor de la mitad del PIB y que buena parte de la deuda pública se coloca en el bolsillo de los propios ciudadanos: eso no es capitalismo decimonónico, es una ficción con marca registrada. Otra sostiene que la inflación oficial nunca reflejó lo que subía la cesta de la compra, con estimaciones de un 15% real frente a un 1% publicado. La cifra no está verificada por ningún organismo y conviene tratarla como lo que es: una sospecha muy repetida.

La respuesta práctica que se impone en ese clima es de manual: cero deuda nueva, liquidez, algo de dinero físico, gastar menos de lo que entra y formación que no se pueda deslocalizar ni sustituir por un modelo.

Si el trabajo asalariado se estrecha y el subsidio se ensancha, la pregunta deja de ser ideológica: ¿quién paga la fiesta cuando la nómina la firma el Estado y el trabajo lo hace una máquina?