Parot sale en tercer grado: 82 asesinatos y 36 años de cárcel
El 9 de septiembre de 2026, el Gobierno vasco concedió el tercer grado a Henri Parot. El histórico miembro de ETA, condenado por 82 asesinatos y con penas acumuladas cercanas a los 4.800 años, abandona la prisión sin haber mostrado arrepentimiento. La decisión reabre un debate que España cierra cada pocos años y reabre acto seguido: qué significa exactamente que alguien cumpla condena cuando la aritmética penal de partida nunca fue literal.
Por qué 4.800 años se quedan en cuatro décadas
El número que más circula es también el más engañoso. Cuatro mil ochocientos años de condena no equivalen a cuatro mil ochocientos años entre rejas: el ordenamiento fija un límite máximo de cumplimiento efectivo, que en este caso se sitúa en 40 años. De ellos, Parot habría cumplido 36, de modo que sale con unos cuatro años de antelación sobre ese techo legal. Las dos cifras de partida son ciertas —los 82 asesinatos y la suma de condenas—, pero ninguna se traduce en tiempo real de reclusión. Ahí está el núcleo del cabreo: no es que la ley se haya incumplido, es que se cumplió al pie de la letra.
El tercer grado y quién firma la salida
El régimen de semilibertad lo concede la administración penitenciaria competente, y en el País Vasco esa competencia está transferida al Gobierno autonómico. El criterio legal para progresar de grado es la reinserción y la evolución del interno, no su arrepentimiento expreso. Ese es el punto que más incomoda: el sistema no exige que el reo reniegue de lo que hizo, solo que el pronóstico de reinserción sea favorable. La crítica apunta en dos direcciones: unos señalan al Ejecutivo autonómico y a los partidos que lo sustentan; otros, al diseño mismo del sistema de grados y beneficios penitenciarios.
Una rareza que aparece siempre que se habla de ETA
En los repasos a la historia de la banda se repite una observación curiosa: una organización que se proclamaba marxista-leninista y que trataba la religión como el opio del pueblo nunca asesinó a un sacerdote, ni siquiera de rango menor, mientras acumulaba concejales, militares y policías en su lista de víctimas. La anomalía se ha usado para discutir a quién servía realmente la estructura, un terreno donde las hipótesis superan con holgura a las pruebas.
Las salidas que ya se han producido
El caso de Parot no llega aislado. En el recuento que se hace de la última década aparecen otros nombres de la organización ya en la calle, o con permisos y semilibertad concedidos. El efecto acumulativo es lo que convierte cada excarcelación en un episodio político: ya no se discute una decisión concreta, sino una secuencia. Y sobre el fondo planea una comparación incómoda sobre los tiempos efectivos de condena en otros casos judiciales mediáticos, que aviva la sensación de agravio comparativo.
El límite de los 40 años y la herida del 78
Buena parte del malestar no se dirige al etarra, sino al marco legal que lo devuelve a la calle. Hay quien sostiene que la abolición de la pena de muerte en 1978 debió acompañarse de una cadena perpetua efectiva y sin concesiones, y que no hacerlo fue el error de origen. Otros responden que un sistema que se toma en serio la reinserción no puede condicionarla al perdón del condenado, por mucho que el resultado escueza.
Parot ha pasado entre rejas 36 años. La condena que más pesa, la que le atribuye 82 muertes, se queda en términos administrativos cuatro años por debajo del tope que la propia ley fijó. La pregunta ya no es si se cumplió el procedimiento. Es para qué se escribió así.