El estigma genocida (Rogelio Alonso en El ABC)

Ningún órgano jurisdiccional competente ha declarado a Israel responsable de genocidio, aunque dos comisiones de investigación de la ONU incluyan esa acusación en informes sin datos fácticos fiables. La propia asesora especial de la ONU para la prevención del genocidio, Alice Nderitu, se negó en 2024 a calificar así la respuesta israelí a la masacre de Hamás y la ONU no renovó su cargo.

La palabra genocidio pesa como ninguna otra en el derecho internacional. Y precisamente por eso su uso exige pruebas que, hasta la fecha, ningún tribunal con jurisdicción para ello ha validado contra Israel. El jurista Philip Sands lo resumió con una frase que debería enmarcarse: «La ONU nunca ha declarado a un Estado responsable de genocidio». Lo dijo respondiendo a una pregunta sobre el uso de ese término en Gaza. No es una opinión menor viniendo de quien viene.

Qué dijo la asesora de la ONU y qué pasó después

En 2024, Alice Nderitu, asesora especial de la ONU para la prevención del genocidio, se negó a calificar como genocidio la respuesta israelí a la masacre de Hamás. Su argumento era de una lógica jurídica elemental: tamaña inculpación requiere evidencias factuales y una investigación exhaustiva que solo puede acometer un tribunal con jurisdicción para ello, dada su complejidad legal. No dijo que Israel fuera inocente. Dijo que la etiqueta exige un proceso que no se había seguido.

La respuesta que recibió fue amenazas. La ONU no renovó su cargo. El Wall Street Journal interpretó su salida como parte de una campaña contra Israel y destacó su «valentía» al «oponerse a una mentira al servicio de una agenda política». El contraste con Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos y figura central en las acusaciones de genocidio contra Israel, es difícil de ignorar. Manuel Valls, ex primer ministro francés, criticó la «falta moral y política de extrema gravedad» de Pedro Sánchez al apoyar a Albanese, señalando que «el derecho internacional no se defiende parapetándose detrás de quienes lo deshonran».

Lo que realmente dijo la Corte Internacional de Justicia

En abril de 2024, la BBC entrevistó a Joan Donoghue, jueza que presidió la Corte Internacional de Justicia cuando emitió su primer veredicto tras la acusación de Sudáfrica contra Israel por genocidio. Su declaración desmonta una interpretación que muchos medios, políticos y activistas repitieron como cierta: «No determinamos que la acusación de genocidio en Gaza fuera plausible». El tribunal se limitó a señalar el derecho de los palestinos a ser protegidos de un delito que no determinó que estuviera ocurriendo. La diferencia entre «hay que proteger a un grupo» y «está ocurriendo un genocidio» es abismal en términos jurídicos.

Dos comisiones de investigación de la ONU sí incluyen acusaciones de genocidio en sus informes. Lo hacen, según el análisis publicado, sin datos fácticos fiables y sin que ningún órgano jurisdiccional competente se haya pronunciado en ese sentido. La distancia entre un informe con sesgo político y una sentencia judicial es la misma que separa una opinión de un hecho probado.

No todos los académicos israelíes rechazan la acusación. Omer Bartov atribuye a Israel ese crimen. Otros intelectuales como Steven Pinker, junto a destacadas figuras legales, exponen en un escrito conjunto los argumentos que desmontan lo que califican como «libelo de sangre». La discrepancia existe dentro de Israel y fuera de él. Lo que no existe es una declaración judicial de genocidio.

La etiqueta como arma política y el coste de discrepar

La etiqueta genocida no requiere criterios jurídicos para quienes la esgrimen como arma política. La censura a Ariana Harwicz es un ejemplo de cómo el «negacionismo» funciona como pretexto para señalar a quienes osan disentir del movimiento propalestino. Parafraseando a Eric Hoffer en «El verdadero creyente», los señalados como negacionistas son víctimas de «la fe fanática» de autoritarios que promueven el boicot a todo lo relacionado con Israel.

La escritora israelí Eva Illouz, que se considera parte de la izquierda progresista, denunció a esa misma izquierda por celebrar la matanza de Hamás como «resistencia anticolonial». Su diagnóstico es incómodo: «La ausencia de compasión hacia los israelíes se presenta como una demostración de moralidad, no como su falta». Illouz, a quien el Gobierno israelí negó un importante premio por sus críticas a Netanyahu, desafía los arquetipos que presentan a Israel como villano vengativo y a Hamás como víctima que usa medios reprensibles por una causa que se dice justa.

La magnitud de la respuesta al 7-O se utiliza como prueba de un supuesto genocidio del Estado que aquel día sufrió una violencia sin precedentes: más de 1.200 personas asesinadas, seres humanos mutilados, quemados vivos en sus casas, mujeres violadas, 250 secuestrados. La invasión se complementó con ataques de Hizbolá desde el Líbano que provocaron el desplazamiento de miles de israelíes. La premio Nobel Herta Müller describió el terror de Hamás como «una desintegración total de la civilización» que «sigue el patrón de la aniquilación mediante pogromos, un patrón que los judíos conocen desde hace siglos».

El estigma que borra el debate interno israelí

Se desacredita a Israel como genocida para convertirlo en un paria y borrar el dolor de una sociedad heterogénea que debate la moralidad de la guerra. Ese estigma niega los valores democráticos de la mayoría de israelíes que reivindican su derecho a la legítima defensa sin ignorar las obligaciones al usar la fuerza. Tras el 7-O, multitudes se manifestaron para impugnar decisiones de su Gobierno sobre la intervención en Gaza.

Lo hacían defendiendo la humanidad de las víctimas israelíes y palestinas, enfrentándose al profundo duelo traumático y al dilema de cómo defender su propia supervivencia ante quienes, junto a Irán, se reafirman en su deseo de aniquilar a Israel. Y cómo hacerlo respetando la legalidad internacional cuando Hamás utiliza a los gazatíes como escudos humanos considerándolos «daños tácticos».

La trivialización del término genocidio tiene un coste. Niega las implicaciones del terror de Hamás y su intención genocida. Convierte una acusación jurídica de enorme gravedad en un eslogan. Y cuando todo es genocidio, la palabra deja de servir para nombrar lo que el derecho internacional quiso nombrar.