El estado no tiene vergüenza. El Gobierno declara la emergencia nacional en la Comunidad de Madrid y en Ávila por cuatro incendios

Emergencia nacional en Madrid y Ávila: cuatro incendios que exponen el negocio del fuego​

¿Por qué el Gobierno ha tenido que declarar la emergencia nacional en la Comunidad de Madrid y Ávila por cuatro incendios? La respuesta, según los datos y análisis que circulan entre expertos y afectados, es incómoda: la maquinaria de prevención y extinción lleva años fallando por razones que van más allá del viento y la sequía. Detrás hay una maraña de intereses económicos, sobrecarga burocrática y una inversión que nunca llega a donde debe.

Los números de la catástrofe: 100.000 evacuados y 65.000 afectados​

Los cuatro fuegos —que en algún momento estuvieron a punto de unirse— han obligado a evacuar a más de 100.000 personas, según datos recogidos durante la crisis. El humo cubrió amplias zonas residenciales durante cuatro días, y los vecinos de las afueras de Madrid denunciaron que “lleva toda la noche oliendo a leña”. Las pérdidas materiales aún se están cuantificando, pero se sabe de casas destruidas y robos en viviendas evacuadas. La declaración de emergencia nacional, solicitada por la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y aprobada por el Gobierno central, activó la movilización de recursos de la UME y otras unidades estatales, pero no ha evitado que las críticas se centren en lo que no se hizo antes.

Prevención: el talón de Aquiles de la política forestal​

El debate más recurrente apunta a la falta de limpieza de montes y la sobreregulación. La Ley de Montes de 2003, que supedita el pastoreo, la recogida de leña o la quema controlada a complejos permisos autonómicos, es señalada como un obstáculo legal que impide el mantenimiento tradicional del monte. “Si se te ocurre limpiar un monte o un cortafuegos sin permiso de la administración, se te va a caer el pelo”, resumía un análisis compartido. La consecuencia: el matorral crece, el combustible se acumula y cualquier chispa —de un coche eléctrico, de un pirómano o de un dron— basta para desatar lo imparable.

Algunos participantes en el debate proponen retomar prácticas tradicionales como el pastoreo, la recolección de piñas y la quema de lindes en invierno, además de endurecer las penas contra los pirómanos. Otros, sin embargo, apuntan a un problema de fondo más complejo: la gestión del monte se ha convertido en un negocio.

La industria del fuego: 200 millones de euros al año​

“En Galicia se ha desarrollado una auténtica industria alrededor de los incendios: contratación de brigadas, medios de extinción, vigilancia, y beneficios colaterales como compra de madera a precio ridículo o aprovechamiento de terrenos quemados; eso mueve unos 200 millones al año hacia empresas privadas”, se aseguraba en uno de los comentarios más detallados. La sospecha de que los incendios generan negocio —y de que, por tanto, no interesa prevenirlos del todo— recorre el hilo. A nivel nacional, se menciona que serían necesarios unos 6.000 millones de euros anuales en prevención para revertir la tendencia, una cifra que contrasta con las partidas que realmente se destinan.

Un ejemplo concreto: en 2023, el sindicato de bomberos CSIT Unión Profesional denunció al Gobierno de Ayuso por desviar 40 millones de euros de las primas de seguros hacia gastos corrientes en lugar de invertirlos en el servicio de extinción. La demanda, que aún está en curso, se ha reavivado con estos incendios.

Batalla política y acusaciones cruzadas​

La política no podía quedar fuera. Mientras unos cargan contra la gestión de Ayuso, señalando que “escatima en medios salvo para regalar dinero a Quirón”, otros ven una mano zain del Gobierno central y no dudan en hablar de “violencia extremista de Estado” o de que los fuegos responden a una estrategia para perjudicar a las comunidades del PP. También hay quien vincula los incendios con el cambio climático, aunque esa postura es minoritaria en el debate y enseguida es respondida con datos sobre la recurrencia histórica y la falta de detenciones.

La UME, por su parte, también ha sido objeto de controversia: se critica que su mando sea político y no técnico, al depender del Ministerio de Defensa, lo que —según algunos— ralentiza la toma de decisiones sobre el terreno.

La pregunta que nadie responde​

Cuatro días después del inicio de los incendios, los afectados siguen sin poder volver a sus casas, y no hay un solo detenido ni una investigación en curso que haya arrojado luz sobre el origen de los fuegos. Las explicaciones oficiales se limitan a invocar “condiciones meteorológicas adversas” y la “concurrencia” de focos. Pero, como ironizaba un análisis, “desde que la extinción se ha convertido en un negocio, los incendios no han dejado de crecer”. Mientras tanto, el monte arde, y la sensación de que el sistema funciona exactamente como está diseñado —es decir, para apagar, no para prevenir— se extiende entre quienes soportan el humo.