El desahucio de plumarmen es consecuencia de un cambio legal del PSOE sobre una ley de Franco

El desalojo de una mujer de 87 años de su vivienda en Madrid, donde residía desde hace 71 años, se produce por la aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, que modificó normativas previas.

El laberinto legal de los alquileres antiguos

El caso de una mujer de 87 años desahuciada de su piso en el barrio de Retiro, en Madrid, tras vivir allí durante 71 años con un contrato de alquiler de 1956, ha puesto de relieve las complejidades de la legislación sobre vivienda en España. El desalojo no se debió a impago, sino a la expiración de la duración del contrato, regido aún por normativas heredadas de la época franquista y modificadas por leyes posteriores. La vivienda pertenecía a un contrato firmado en 1956, un acuerdo que se regía por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964. Este tipo de contratos, anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 2/1985, conservaban su régimen legal original, incluyendo prórrogas que, con el tiempo, se han ido limitando.

La evolución de la Ley de Arrendamientos Urbanos

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) ha sufrido varias modificaciones a lo largo de las décadas. El Real Decreto-ley 2/1985, conocido como el "decreto Boyer", eliminó la aplicación obligatoria de la prórroga forzosa para los contratos celebrados a partir del 9 de mayo de 1985. Sin embargo, los contratos anteriores mantuvieron su marco legal. Posteriormente, la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, estableció límites para los alquileres de vivienda anteriores al 9 de mayo de 1985. La disposición transitoria segunda de esta ley limitó las prórrogas a dos tras el fallecimiento del titular original.

Las prórrogas y sus límites

La primera prórroga tras el fallecimiento del arrendatario original se permitía al cónyuge o, en su defecto, a los hijos que convivieran con él. La segunda subrogación, en este caso al hijo, se estableció con un límite temporal: dos años o hasta que el subrogado cumpliera los 25 años, a menos que tuviera una minusvalía igual o superior al 65%. En el caso de la inquilina de Madrid, la segunda prórroga se produjo en 2005, hace 21 años. Dado que no cumplía los 25 años en ese momento ni presentaba la minusvalía requerida por la ley, la duración de su contrato quedó limitada. Si hubiera cumplido los requisitos de minusvalía, su derecho a permanecer en la vivienda se habría extendido hasta su fallecimiento.