Expedientes de la ley de nietos tramitados en el Consulado General de España en Ciudad de México fueron modificados con típex para sustituir la fecha real de presentación por el 22 de octubre de 2025, último día del plazo fijado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. La orden, según documentos y testimonios internos, partió de la cónsul adjunta, María Prada.
Hay una imagen que resume el asunto mejor que cualquier informe: la casilla de fecha de un impreso oficial de solicitud de nacionalidad, cubierta con una franja de corrector blanco y, encima, escrita a mano la fecha «22 de octubre». Debajo, la firma y el sello en tinta azul del Consulado General de España en México. El impreso es el modelo «Solicitud de la nacionalidad española por opción (Apartado 1, párrafo primero Disposición adicional 8ª de la Ley 20/2022)». Es decir, el formulario de la conocida como ley de nietos.
Lo que muestran esos documentos, a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, no es un descuido de ventanilla. Es una fecha de recepción falseada para que solicitudes llegadas después del plazo parezcan entregadas dentro de él. El plazo lo cerró el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, entonces dirigido por Ángel Víctor Torres: el 22 de octubre de 2025 era la fecha límite e improrrogable para presentar nuevas solicitudes al amparo de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. Ese día terminaba la prórroga de un año sobre el periodo original.
El problema es que el consulado en Ciudad de México llegó a esa fecha con una montaña de expedientes pendientes. En lugar de denegar la entrada formal de los que llegaban tarde, la jefatura del consulado articuló una instrucción interna: cambiar la fecha. Lo cuentan los propios papeles y lo confirman testimonios del personal.
La orden de la cónsul adjunta y el método del corrector
La directriz, según la información y las pruebas reunidas, la impartió la cónsul adjunta del Consulado General de España en México, María Prada. Ante las dudas de funcionarios y personal laboral sobre cómo gestionar los documentos presentados en ventanilla en las jornadas posteriores al 22 de octubre, la consigna fue tajante: sustituir o corregir la fecha real de recepción estampando sobre el impreso oficial la fecha ficticia del 22 de octubre de 2025.
Un testimonio del consulado lo describió sin rodeos: se indicó que se cambiara la fecha si los expedientes iban a otros consulados generales, ya que tenían que enviarse fuera, y que se tachara con típex o corrector y se pusiera la fecha del 22 de octubre. El típex es ese líquido corrector que tapa un error con una capa blanca opaca y permite escribir encima. En un documento administrativo con validez legal, es difícil imaginar un método menos sutil.
Las fotografías del interior de las dependencias consulares añaden contexto físico: cajas de cartón sobre las mesas de trabajo, estanterías llenas de expedientes agrupados en carpetas por días. Las etiquetas manuscritas de los legajos delatan una entrada masiva de solicitudes durante el mes de noviembre de 2025, cuando el plazo ya había vencido. Todas esas carpetas, con miles de hojas y documentos justificativos, fueron corregidas con típex para hacerlas pasar como entregadas el 22 de octubre.
Había una variante para los casos más visibles. Si los documentos iban destinados a otros consulados, se les daba una hoja de anexo nuevo y se rellenaba otra vez con la fecha del 22 de octubre, de modo que el tachón no quedara a la vista en el documento original. Fuentes internas del propio consulado describen ese doble circuito.
Falsedad en documento público: el encaje penal
La pregunta jurídica no es menor. Fuentes jurídicas consultadas advierten de que alterar deliberadamente la fecha de firma y recepción de un impreso oficial destinado a surtir efectos ante la Administración General del Estado en España encaja en un presunto delito de falsedad en documento público. El razonamiento es simple: simular la vigencia de un derecho ya extinguido mediante un falseamiento documental en un impreso con validez legal no es un trámite chapucero, es una alteración con consecuencias penales.
Las mismas fuentes señalan un detalle que refuerza la intencionalidad. Si existiera algún amparo legal o moratoria formal que permitiera atender citas concedidas antes del vencimiento del plazo, bastaría con adjuntar el comprobante emitido por el sistema informático con el código de cita. No hace falta corrector líquido para eso. La elección del típex revela que se quería ocultar el quebrantamiento de la fecha límite fijada por el Ministerio.
Conviene precisar el alcance de lo documentado: los expedientes modificados son decenas, según las pruebas disponibles, y la mecánica está acreditada en el consulado de Ciudad de México. No consta que la práctica se extendiera a otras oficinas, aunque el testimonio recogido menciona instrucciones para expedientes que iban a otros consulados generales.
Un patrón que venía de antes
Esta revelación no llega aislada. Se enmarca en una serie de investigaciones periodísticas sobre el funcionamiento de la red consular española en América Latina. Testimonios del propio personal del consulado en Ciudad de México han confirmado que menos del 10% de los expedientes aprobados correspondían verdaderamente a descendientes de exiliados políticos de la Guerra Civil o la dictadura franquista.
Entre los casos publicados figuran concesiones a familiares nacidos en el siglo XIX, trato preferencial a cargos políticos y aprobación de expedientes calificados internamente como VIP. El Ejecutivo mantiene la cifra oficial global en unos 163.000 expedientes concedidos ante el Tribunal Supremo. Fuentes de la propia red consular, en cambio, cifran el impacto real en cientos de miles de concesiones irregulares tramitadas retorciendo las instrucciones del Ministerio de Justicia para inflar el volumen total de nacionalizaciones.
Hay un efecto multiplicador que conviene tener presente. Por cada nacionalizado a través de la ley de nietos se nacionalizan otros cinco o más miembros de su familia, según las mismas fuentes. Es decir, el volumen de nuevos españoles con derecho a voto crece muy por encima del número de expedientes aprobados. Ese es el trasfondo político que explica por qué un corrector líquido en una ventanilla de México acaba siendo un asunto de Estado.
La ley de nietos nació como una medida de reparación histórica para los descendientes de quienes sufrieron el exilio. Que su tramitación se cierre con fechas manuscritas sobre capas de típex dice bastante sobre cómo se gestionó el último tramo. Los documentos están ahí, con su sello azul. Y un impreso oficial con la fecha tapada y reescrita no admite muchas interpretaciones.
