Para inventar contratos que duplican lo que ya hacía la plantilla, eso sí que es investigación aplicada.
Un año después de que comenzara la investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), el proceso sigue activo con la UDEF. El eje central continúa siendo el presunto desvío de entre 20 y 25 millones de euros del presupuesto de la institución contra el cáncer.
El reciente informe del Tribunal de Cuentas ha puesto de manifiesto irregularidades en la actividad contractual del CNIO. En 2022, 2023 y 2024 la entidad pagó 67 contratos «menores» por valor de 80.067,98 euros, «con las mismas empresas adjudicatarias de contratos de servicios por procedimiento abierto».
Además, esos servicios ya los cumplía el área de «Gestión administrativa y financiera» del CNIO, siendo totalmente «innecesarias» para el órgano fiscalizador. Se usaron como «mecanismo transitorio entre licitaciones», con funciones de contabilidad, gestión fiscal o elaboración de estados financieros, pese a que en 2023 y 2024 había cinco y siete asalariados en esa área que ya las cumplían.
El Tribunal de Cuentas señala que en estos 67 contratos –de seis empresas– «no consta informe justificativo que motive su necesidad». El total invertido en esas seis empresas supera los 17 millones de euros.
Un año después de que comenzara la investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), el proceso sigue activo con la UDEF. El eje central continúa siendo el presunto desvío de entre 20 y 25 millones de euros del presupuesto de la institución contra el cáncer.
El reciente informe del Tribunal de Cuentas ha puesto de manifiesto irregularidades en la actividad contractual del CNIO. En 2022, 2023 y 2024 la entidad pagó 67 contratos «menores» por valor de 80.067,98 euros, «con las mismas empresas adjudicatarias de contratos de servicios por procedimiento abierto».
Además, esos servicios ya los cumplía el área de «Gestión administrativa y financiera» del CNIO, siendo totalmente «innecesarias» para el órgano fiscalizador. Se usaron como «mecanismo transitorio entre licitaciones», con funciones de contabilidad, gestión fiscal o elaboración de estados financieros, pese a que en 2023 y 2024 había cinco y siete asalariados en esa área que ya las cumplían.
El Tribunal de Cuentas señala que en estos 67 contratos –de seis empresas– «no consta informe justificativo que motive su necesidad». El total invertido en esas seis empresas supera los 17 millones de euros.
