El Club de los Obreros perecidos

La siniestralidad laboral en España: la tragedia que la burbuja inmobiliaria se llevó por delante (pero no solucionó)​

España llegó a registrar más de 1.200 muertos al año en accidente laboral durante el boom inmobiliario. No era un repunte pasajero: entre 2000 y 2007, la media anual superó el millar de fallecidos, con un pico de 1.293 en el año 2000. Eran obreros de la construcción, en su mayoría, aplastados por la prisa de cubrir plazos y la subcontratación en cascada. Pero mientras las carreteras acaparaban titulares por menos de 100 víctimas, las muertes en el tajo entraban por la puerta de atrás, sin bombo ni visitas ministeriales.

¿Cuántos obreros murieron en la década de la burbuja?​

Los datos oficiales del Ministerio de Trabajo recogen una sangría que los medios de comunicación rara vez pusieron en portada. En 2005 fallecieron 1.127 trabajadores; en 2006, 1.092; en 2007, 1.068. La serie descendió a partir de 2008, cuando la crisis empezó a vaciar las obras: 988 en 2008, 887 en 2009, 844 en 2010. La caída no se debió a una mejora de la prevención, sino al parón del ladrillo. Como señalaba un análisis de la CNT: "el aumento del paro es una de las razones del descenso de accidentes". Dicho de otro modo: menos obras, menos cadáveres.

La subcontratación como máquina de triturar vidas​

La cadena de subcontratas era el verdadero agujero negro. Grandes constructoras externalizaban a empresas pequeñas, estas a otras más pequeñas, y al final un albañil sin contrato fijo trabajaba sin arnés ni formación. En las obras del nuevo Mestalla del Valencia CF murieron cuatro trabajadores en poco tiempo; en el AVE Madrid-Valencia, tres en un mes. La CGT señaló directamente a la patronal por "ahorrarse costos" en seguridad. Y mientras tanto, el Congreso vetaba una y otra vez debatir la siniestralidad. Hasta cinco veces bloquearon PNV, IU, PSOE y PP una moción sobre el tema, según recogía Kaos en la Red.

El silencio mediático y la selección de víctimas​

La comparación con las muertes de tráfico es reveladora. Cada año se producían unas 100 víctimas en carretera, y sobre ellas caía toda la maquinaria de campañas, radares y concienciación. Los 1.000 muertos laborales anuales, en cambio, apenas generaban debate. La razón, apuntaban algunos análisis, es que "las víctimas laborales no son rentables políticamente". No hay foto de ministro junto al féretro de un albañil. Y cuando se hablaba de ellas, se deslizaba el estigma del "obrero borracho" o "imprudente", una coartada que exoneraba a las empresas y al Estado.

Las cifras que no se registran​

El artículo "Los muertos que no se registran", de Vicenç Navarro, denunciaba que las enfermedades profesionales no computaban como laborales, inflando las cifras reales. Las mutuas patronales, con gran influencia, minimizaban los partes. Con la crisis, la mortalidad descendió en números absolutos, pero la tasa por hora trabajada apenas varió. En 2024, los muertos repuntaron a 796, un 10,4% más que el año anterior. La pandemia recortó cifras por el confinamiento, pero la tendencia de fondo sigue siendo que España encabeza la siniestralidad laboral en la UE.

El coste humano de la flexibilidad​

La liberalización del mercado laboral y la precariedad tienen un precio. Las muertes se concentran entre asalariados temporales, en pequeñas empresas y en sectores como la construcción y la agricultura. El miedo al despido impide reclamar seguridad: "si protestas, te echan". La economía sumergida, que representa hasta el 25% de la riqueza en España, es un agujero negro donde los derechos laborales desaparecen. Y la edad de jubilación, al alza, amenaza con incrementar la siniestralidad en oficios físicos.

Con los datos en la mano, el patrón es claro: cada vez que la economía se acelera, la muerte laboral aprieta. Y cuando se frena, no es la prevención la que mejora, sino el empleo el que desaparece. La cuenta de muertos sigue abierta.

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