El CGPJ protege al juez peinado en sus prácticas abusivas y errores

El CGPJ blinda al juez Peinado pese a sus errores y prácticas abusivas

El juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa contra Begoña Gómez, ha acumulado en los últimos meses una lista de actuaciones procesales que, según varios análisis jurídicos, rozan la prevaricación. Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial no solo no le ha abierto expediente, sino que ha respaldado su labor. La polémica se ha instalado en el centro del debate judicial español.

Un historial de errores del juez Peinado

Entre las irregularidades señaladas destaca la exigencia de visado para viajar al Reino Unido, un requisito que no existe –se requiere un comprobante electrónico, no un visado–, lo que llevó a la defensa de la investigada a denunciar desconocimiento del procedimiento. También se le ha reprochado la retirada del pasaporte a Begoña Gómez, medida que varios juristas consideran desproporcionada al tratarse de una persona sin antecedentes y con arraigo familiar. En el hilo se menciona que la Universidad Complutense reclama la devolución de más de 113.000 euros por un software desarrollado con fondos públicos que, presuntamente, Gómez registró a su nombre y comercializó a través de Transforma TSC S.L., ocultándolo a la universidad y a patrocinadores como Indra, Telefónica y Google.

El respaldo del CGPJ y la sombra del lawfare

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó por unanimidad la querella de Pedro Sánchez contra el juez Peinado por prevaricación, acusándole de abuso de derecho. La decisión ha sido interpretada por sectores críticos como un blindaje del sistema judicial hacia sus miembros, mientras que sus defensores la ven como una garantía de independencia. En la discusión se señala que el PSOE ha denunciado una operación de lawfare, mencionando a más de treinta magistrados involucrados en causas contra el entorno de Sánchez. Sin embargo, desde la otra orilla se sostiene que la investigación tiene fundamento: una persona sin formación ni vínculos previos fue nombrada directora de un máster y luego registró a su nombre un software financiado con fondos públicos.

¿Protección corporativa o garantía de independencia?

El debate de fondo enfrenta dos concepciones del poder judicial. Por un lado, quienes ven en el juez Peinado a un instrumento del lawfare conservador; por otro, quienes consideran que el verdadero lawfare es el acoso institucional al juez desde el Gobierno. Un dato curioso aportado en el hilo: antes de la reforma de 2015, se podía demandar directamente a los jueces por daños. Fue el Gobierno de Rajoy quien eliminó esa posibilidad, blindando aún más al estamento. Hoy, con las críticas cruzadas, la sensación de impunidad judicial se refuerza.

El CGPJ sigue apoyando al juez. Mientras tanto, la causa sigue su curso, y las preguntas sobre los límites de la actuación judicial y la protección corporativa quedan sobre la mesa. Como resumen algunos análisis, los intentos de hablar del dedo y no de la luna son cada vez más difíciles de sostener.