El control de la calle no es cuestión de cojones, sino de impunidad
La tesis que abre el asunto es tan simple como incómoda: en esta sociedad, quien tiene arrestos se hace con el control de absolutamente todo. El planteamiento sostiene que la juventud europea ha perdido el fuste, que la feminización de la sociedad y la destrucción de lo masculino han dejado a los chavales sin capacidad de reacción, y que los grupos llegados de fuera campan a sus anchas por las calles de Holanda, Bélgica, Francia, Reino Unido, Suecia o Dinamarca mientras los autóctonos miran para otro lado. El diagnóstico se completa con una queja sobre el reparto de poder institucional y sobre el mercado afectivo. Hasta ahí, el relato de siempre. Lo interesante llega cuando el propio material empieza a desmontarlo desde dentro.
Por qué la calle no se conquista con cojones
El argumento más repetido en contra de la tesis inicial no apela a la cobardía, sino al cálculo. Se sostiene que el problema no es la falta de arrestos, sino la asimetría legal: una denuncia puede costar días de calabozo sin consecuencias para quien la presenta, mientras que determinados grupos operan con lo que varios describen como
carta blanca. La formulación más citada es la de que el Estado trata al ciudadano medio como un defraudador por sacar unos cientos de euros, pero tolera que otros acumulen ingresos por vías que nadie persigue.
De ahí sale la conclusión más repetida:
el enemigo del pueblo es el propio Estado español. No los grupos que ocupan la calle, que serían simples peones bien identificados, sino la estructura que decide a quién se persigue y a quién se protege. Varios mensajes insisten en la misma idea: si mañana se garantizara que cualquier cosa que hagas en la calle queda impune, la correlación de fuerzas cambiaría en veinticuatro horas. El problema no es de testosterona, es de quién tiene el beneplácito del poder.
La indefensión aprendida y el factor generacional
Otra línea de análisis apunta a un fenómeno más profundo: la
indefensión aprendida. Se argumenta que el europeo, y muy especialmente el español, ha sido educado durante generaciones en la dependencia absoluta del Estado y de la autoridad, hasta el punto de que reacciona con vergüenza ajena ante cualquier conflicto. La crítica se extiende a los propios coetáneos: se recuerda que hace veinte o treinta años la gente era igual de tolerante, o más, y que llevamos tres décadas de inmigración masiva sin que haya habido un movimiento real de reacción. Quejarse en el bar y barrer la nave para el patrón, resumen.
El contraste generacional aparece una y otra vez. Los veteranos del asunto admiten que con veinte años menos ellos también habrían liado algo, y se preguntan dónde están los chavales que llenan los gimnasios y las concentraciones de motos los fines de semana. La respuesta que se dan a sí mismos es amarga: están, pero no se organizan. Y cuando alguien propone salir a la calle sin más, la respuesta es que el móvil graba todo, que cualquier pelea acaba en denuncia y que el peso de la ley cae siempre sobre el mismo lado.
La trampa del móvil y la nueva correlación de fuerzas
Aquí el análisis se vuelve más técnico y menos épico. Quien describe experiencias propias de bronca callejera señala que el problema ya no es la pelea en sí, sino la grabación. Todo el mundo graba, todo el mundo denuncia, y el resultado es que la respuesta física se ha vuelto un mal negocio. La conclusión práctica que se extrae es que la calle no se controla con puños, sino con impunidad, y que esa impunidad está administrada desde arriba.
La discusión deriva entonces hacia el terreno institucional. Se menciona el reparto de ministerios, el lenguaje inclusivo en los discursos oficiales y la sensación de que la administración se ha convertido en una estructura ajena al ciudadano que la financia. La crítica no distingue demasiado entre izquierda y derecha: el diagnóstico compartido es que la plebe no decide nada y que la descomposición empezó hace más de cuarenta años, no ahora.
Dos Españas, dos diagnósticos
El asunto se parte en dos corrientes claras. Una sostiene que el problema es de actitud individual y que la falta de movilización es la causa de todo. La otra responde que la movilización es imposible mientras el sistema judicial y policial trate de forma distinta a unos y a otros, y que quien sale a la calle sin respaldo institucional acaba esposado. Ambas corrientes comparten un mismo enemigo difuso —el Estado, las élites, los organismos supranacionales— pero discrepan en la estrategia: unos apelan al coraje, otros al cálculo.
La discusión se cierra, como suele, con insultos y acusaciones cruzadas sobre la vida personal de cada cual. Un participante que dice residir en Estados Unidos y trabajar en un barrio conflictivo relata que lleva tres años entrenando artes marciales para hacerse respetar. Otros le responden que eso es una fantasía de internet. El nivel del intercambio cae, pero el fondo del asunto queda ahí:
¿se puede recuperar la calle sin cambiar antes las reglas que la gobiernan?