El amago de dimisión de Pedro Sánchez (se ejecute o no), anticipa una época muy dura a nivel social, económico y humano.

El amago de dimisión de Sánchez anticipa una era de recortes​

La tesis que recorre el análisis no es la del mártir acorralado por la supuesta cacería mediática y judicial. Es la del gestor que conoce los números que no se publican y busca una salida honorable antes de que llegue la factura. Quien sostiene este planteamiento apunta a una lista de compromisos que ningún gobernante quiere firmar en público: un nuevo referéndum en Cataluña, la vuelta del servicio militar obligatorio, el aumento del gasto militar exigido por la OTAN con su correspondiente tijeretazo en gasto social, el rearme de Marruecos como telón de fondo y el problema de los interinos de la función pública tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 13 de junio, que obliga a indemnizar o fijar a miles de trabajadores públicos.

A eso se suma el dato que más pesa en el debe: Bruselas exige un recorte en pensiones de 11.000 millones de euros para 2025, según el cálculo que manejan los participantes. La reforma del ministro Escrivá ha quedado atrás y el agujero hay que taparlo de alguna manera. Con elecciones fijadas para 2027, el calendario juega a favor de quien quiera escurrir el bulto ahora y dejar que otro ejecute la poda.

Quién paga la fiesta: funcionarios, pensionistas y clase media​

El punto de fricción está en quién asume el ajuste. Una corriente del análisis sostiene que esta vez el cinturón no lo aprieta la clase trabajadora del sector privado, que lleva años en el fango con sueldos congelados y horas interminables, sino el bloque que vive del dinero público. Mandos intermedios con 35.000 euros de salario y responsabilidad de director general frente a una administrativa de ayuntamiento que sale a las dos de la tarde. La comparación escuece y explica por qué el consenso social se está resquebrajando por dentro.

El cálculo que circula es contundente: quitar la paga extra a pensiones y funcionarios ahorraría más de 20.000 millones al año, casi el doble de lo que pide Bruselas. La pregunta es si habrá estómago político para hacerlo o si se optará por la vía lenta de la inflación, que cuece la rana sin que salte nadie a la calle. La experiencia de la crisis anterior apunta a lo segundo: recortes disfrazados de ajuste técnico, aprobados en mayo de 2010 por un gobierno socialista y luego atribuidos por la propaganda al PP que llegó después.

El precedente de Zapatero y el golpe interno del PSOE​

La memoria histórica del ajuste tiene un episodio que conviene recordar. En mayo de 2010, con seis años de gobierno a las espaldas, Zapatero ejecutó los recortes que luego la opinión pública colgó al PP. Días antes, España había quedado sin capacidad para financiarse en los mercados y el propio partido, con Rubalcaba a la cabeza, forzó un cambio de rumbo que dejó al presidente como un monigote. La diferencia con el escenario actual es que entonces había mayoría absoluta y ahora el PSOE necesita vender todo a sus socios para sostenerse.

Ese paralelismo alimenta la hipótesis del amago como jugada de salida. Si el partido tiene que asumir los recortes de todas formas, mejor que los firme otro y que el líder saliente se lleve el capital político de la resistencia. La querella que desencadena el amago, presentada por un pseudosindicato cuyo líder máximo estaba pendiente de entrar en prisión hace unos años, se describe como mal hecha y sin recorrido. La segunda, en cambio, parece más sólida y el juez admitió la primera, lo que invita a pensar que algo hay.

El rearme europeo y el fantasma de la leva​

El escenario bélico no es una hipótesis de ciencia ficción. La guerra de Ucrania se está quedando sin soldados y varios países europeos ya han llevado tropas al terreno. Los ejércitos del continente tienen tamaños irrisorios para un conflicto directo con Rusia, lo que empuja a la leva de gente normal y corriente. El problema es que el mundo infantilizado de occidente no soportaría ver morir a soldados de reemplazo en una trinchera. Ahí se rompe el consenso.

La objeción de conciencia masiva y la insumisión aparecen como respuesta previsible si alguien intenta reactivar el servicio militar obligatorio. La población española actual solo entraría en guerra para defender territorio directamente nacional, y aun así de forma voluntaria solo una fracción. El ejército profesional de panchos y la inflación hacen el trabajo sucio sin necesidad de decretos.

La vía de salida: elecciones, gran coalición o caos​

El escenario que más se repite es el de una convocatoria electoral tras el periodo de reflexión, con el líder presentándose por aclamación, perdiendo las elecciones y forzando una gran coalición con el PP para ejecutar los recortes con puño de hierro. Feijóo ya dijo que no quería ser presidente, lo que deja la puerta abierta a cualquier combinación. El PP como policía malo del ajuste y el PSOE como víctima del destino.

La hipótesis más sombría apunta a una operación de mayor calado: romper cualquier atisbo de legalidad y llegar a una situación de caos o conflicto civil cuyo resultado puede ser la fragmentación del Estado, con pérdida de territorios en África, Canarias incluidas. Parece exagerado, pero el precedente de la URSS está ahí. El análisis se atasca exactamente en este punto: nadie sabe si el amago es una salida ordenada o el primer acto de algo mucho peor.