¿Dónde están los juancarlistas ahora?

El club juancarlista cambia de etiqueta​

«Yo no es que sea monárquico, es que soy juancarlista». La frase circuló durante décadas por escaños, pasillos y tertulias, y no era una declaración de amor a la Corona: era la coartada perfecta para defender el trono sin cargar con la etiqueta de monárquico. José Bono la llevó al extremo y, con él, toda una quinta política. El problema es que ese club tiene hoy pocos socios dispuestos a dar la cara. La mayoría ha cambiado de escudo sin moverse del sitio.

De 6 millones de pesetas a 6.000 millones de euros​

El dato que sostiene la discusión es una cifra: el patrimonio del emérito habría pasado de los 6 millones de pesetas que heredó de su padre a unos 6.000 millones de euros. Ningún gestor calificaría esa progresión de orgánica. A ese cálculo se suma la lista de conductas que se le atribuyen —comprar silencios, cobrar comisiones, blanquear capitales o defraudar a Hacienda—. Cada frente, por separado, sería una anécdota. Todos juntos explican por qué el juancarlismo dejó de ser presentable en público.

¿Por qué los escándalos del emérito reaparecen a destiempo?​

Conviene ser honesto: los episodios que se airean no son nuevos. Tienen treinta o cuarenta años y han pasado por más rotativas que un tractor. Hay quien sostiene que rescatarlos ahora, de la mano de una revista extranjera, no responde a la actualidad judicial sino a otra cosa: tapar los asuntos propios. La sospecha, repetida hasta el agotamiento, es que el calendario de las filtraciones lo marca la necesidad de desviar la mirada de los asuntos propios.

El argumento tiene su lógica interna. En la misma ronda aparecen los nombres habituales de la política reciente —contratos, comisiones, asuntos que un día prescriben— para demostrar que la paja en el ojo ajeno nunca fue patrimonio de un solo partido. Es el viejo 'y tú más', elevado a método de gobierno. Y como método funciona: mientras se discute de quién es peor, nadie discute lo esencial.

El blindaje legal que protege a la Corona​

El otro eje es jurídico. Quien defiende la institución repite una idea: el Rey es inviolable porque sus actos van refrendados por el Gobierno de turno. La responsabilidad formal de lo que firma el monarca recae, por tanto, en otro. La réplica no tarda: si el refrendo absorbe la culpa, la Corona queda blindada por diseño y la ley deja de ser igual para todos. Los aforamientos entran en la misma ecuación.

De ahí se salta al papel de los propios políticos. Si de verdad quisieran acabar con esa impunidad, podrían tocar los aforamientos y la inviolabilidad. No lo hacen. Ese silencio, sostienen, es el mejor retrato de para qué sirve la institución.

El argumento del retorno: qué se llevó España a cambio​

Frente a todo lo anterior hay una defensa que no se apoya en la moral sino en la contabilidad. La idea es simple: por cada euro invertido en la Corona, España habría recibido contratos, prestigio e influencia internacional. Un cálculo de rentabilidad que compara ese rendimiento con lo que, según esta tesis, han dejado otras aventuras políticas del país: ruina, desprestigio y paro. Es un marco discutible, tramposo incluso, pero tiene la virtud de ordenar el argumento sin recurrir a la nostalgia.

De juancarlistas a felipistas sin mover un pie​

La conclusión más repetida apunta a lo mismo: el juancarlista nunca fue del todo juancarlista. Fue cortesano de la institución que en cada momento repartía el sol. Con el emérito fuera de juego, el mismo perfil que ayer lo defendía se ha recolocado como felipista, entusiasmado ahora con Felipe VI. Cambia la etiqueta; la función, no. Quien juraba fidelidad a una persona jura fidelidad a un cargo, y el cargo sigue ahí.

La curiosidad histórica: el testamento de Carlos II​

Un salto al pasado cierra el círculo. Se discute que la firma del testamento de Carlos II —el que abrió la Guerra de Sucesión— sea auténtica. La mención no es casual: sirve para recordar que la Corona española se construyó sobre ajustes de cuentas dinásticos y documentos discutibles. El origen de la institución, viene a decirse, no es más limpio que su presente.

¿Se puede votar la monarquía?​

En algún punto surge la pregunta que el sistema evita: proponer un referéndum para decidir si se quiere monarquía o república. La mayoría de las respuestas la despacha con ironía —con el teclado, no con las urnas—. Para unos es la asignatura pendiente; para otros, una provocación. El caso es que nadie con poder real la pone sobre la mesa.

La pregunta sin respuesta​

Queda el dato de fondo, y no tiene que ver con el emérito. Si un asunto de hace cuarenta años sigue dando titulares, no es porque la justicia llegue tarde: es porque nadie con poder ha tenido interés en que llegara antes. Los antiguos juancarlistas observan desde la barrera, esperando a ver de qué lado sopla el viento. ¿Cuánto tarda en aparecer el próximo que jure no ser monárquico, sino felipista?