Solidario García
Madmaxista
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https://elpais.com/espana/catalunya...a-construccion-de-una-comisaria-aplazada.html
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Las celebraciones familiares suelen ser especialmente duras para los forasteros, sobre todo la Navidad, cuando a la distancia se suma un duro invierno en Cataluña todavía desconocido. La mañana lluviosa del 17 de diciembre de 2025 se buscaba un poco de confort, de consuelo, pero la misión periodística comenzó antes del amanecer: seguir de cerca el desalojo de las más de 400 personas migrantes que vivían en el instituto B9, el mayor asentamiento de Cataluña. El desenlace era previsible e incluso ya conocía a algunos residentes por su nombre. El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), consumaba lo que había anunciado durante meses. La precariedad se trasladó primero a una plaza y después a los bajos de un puente de la C-31. Era difícil pasar por los alrededores del metro de Sant Roc sin conmoverse ante la situación de quienes, con muy poco, intentaban encontrar un nuevo rumbo a sus vidas. Ocho meses después del macro desahucio, el B9 son escombros, y la comisaría prometida ha dejado de ser una prioridad municipal: el Ayuntamiento aplaza su construcción al próximo mandato. Mientras tanto, muchos de los antiguos residentes del B9 han vuelto a dormir en las calles del barrio.
El gobierno municipal justificó la operación por la futura construcción de una comisaría compartida entre los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana, un proyecto que también se presentó como parte de la estrategia para “recuperar” el barrio de Sant Roc. Sin embargo, Carles Sagués, miembro de la entidad Badalona Acull, sospechó desde el principio que el objetivo era otro. “Albiol anunció la comisaría porque encajaba con su discurso sobre la delincuencia, pero, como ya había ocurrido otras veces en Sant Roc, lo importante era liquidar el desalojo y transmitir la sensación de que se actuaba”, afirma.
Las mañanas que siguieron al desalojo, incluidas las del 24 y el 25 de diciembre, la rutina se repitió para seguir la situación de las consecuencias del desalojo que se prolongaron por semanas. El antiguo instituto B9, ocupado durante casi dos años por una población mayoritariamente forastero, se encuentra en una zona que concentra desde hace décadas buena parte de los conflictos urbanísticos y sociales de la ciudad. “En Sant Roc hay dos barrios distintos. La mitad se remodeló, pero la otra mitad quedó paralizada con la crisis y nunca se terminó”, comenta Sagués. Según explica, en el barrio del B9, está prácticamente gran parte de “la degradación concentrada, las infraviviendas y los pinchazos de luz“.
Sin una alternativa habitacional estable ni el acompañamiento suficiente de los servicios sociales del municipio, los antiguos residentes tuvieron que organizarse como pudieron en las calles del barrio. Durante las primeras noches levantaron tiendas de campaña en la plaza situada frente al edificio, pero el frío se hacía cada vez más intenso y las fuertes lluvias los obligaron a refugiarse bajo el puente de la C-31. Younouss, uno de los residentes y portavoz, cuenta la dificultad del momento. “Pasamos semanas contando con la ayuda apenas de los vecinos y las organizaciones sociales”, recordando la falta de apoyo de las administraciones municipales.
Ebrmai Naso, diabético y dependiente de un tratamiento que requiere conservar la medicación en una nevera, es uno de los antiguos residentes que duerme en la intemperie. Vive en la calle, frente a una sucursal del Santander en Sant Adrià de Besòs, a pocos kilómetros del instituto que, por precario que fuera, le ofrecía un refugio, un lugar donde dormir. “Un grupo importante vive ahora en una nave ocupada de El Masnou, principalmente quienes se dedicaban a la chatarra, mientras que otros permanecen repartidos por distintos puntos de Badalona y del área metropolitana”, comenta Sagués, representante de una de las entidades sociales más arraigadas de Badalona.
La expulsión de los ocupantes del B9 en pleno invierno fue un episodio más de un problema de vivienda que Badalona arrastra desde hace años. “Los servicios sociales están completamente desbordados. No pueden hacer el seguimiento que deberían porque todo el sistema está saturado”, afirma Sagués. “El equipo social del CAP nos deriva directamente los casos a nosotros. Ya no llaman a los servicios sociales; nos llaman cuando detectan una situación de necesidad. Hay trabajadores sociales que, cuando ya no pueden hacer nada más, acaban derivando a la gente hacia nuestra entidad. Muchas personas llegan diciendo: ‘Mi asistenta social me ha dicho que venga aquí porque vosotros me ayudaréis’”.
La posible responsabilidad judicial de Xavier García Albiol por el desalojo fue un tema a debate durante meses. A raíz de varias denuncias, la Fiscalía abrió una investigación, que apuntaba a delitos de repruebo, denegación de servicio público por motivos discriminatorios, desobediencia y prevaricación. Sin embargo, en junio la jueza que había autorizado la actuación archivó la denúncia y concluyó que el consistorio había prestado la “atención debida”, una decisión favorable a la gestión del gobierno municipal de Albiol.
