Depresiones, tumores y suicidios: El infierno que viven 62,000 familias españolas engañadas por el tema ecolojeta de los paneles solares

El sol era suyo: 62.000 familias, un BOE y una deuda impagable​

En 2007 el Gobierno español puso en circulación un producto de inversión con sello del BOE y un eslogan publicitario: «El sol puede ser suyo». La promesa era limpia, sostenible y segura: quien levantara su pequeño huerto solar cobraría una prima garantizada por el Estado durante años. Una década después, el balance que recogía la prensa era de 62.000 familias endeudadas de por vida, depresiones, tratamientos psicológicos y, en algunos casos, suicidios. Qué parte fue engaño y qué parte mala cabeza financiera sigue sin cerrarse.

Qué prometió el BOE a los pequeños inversores​

El mecanismo era sencillo sobre el papel. Cada inversor montaba una planta fotovoltaica, la conectaba a la red y volcaba su energía a la pool nacional. A cambio cobraba el precio de la electricidad más una prima fijada por el Gobierno y publicada en el Boletín Oficial del Estado. Un Real Decreto avalaba la operación, la publicidad oficial animaba a endeudarse y el mensaje que calaba era el de una inversión «100% segura»: energía más barata, menos dependencia del petróleo y democratización del sector eléctrico.

Al calor de ese relato entraron perfiles muy distintos. Empresarios que buscaban rentabilidad, ecologistas convencidos y ahorradores que jamás habían pisado un mercado financiero. Todos con la misma certeza: si el Estado firmaba, el Estado pagaba. Esa certeza es exactamente lo que después se rompió.

El caso que resume el desplome: un millón de euros y la casa de los padres como aval​

El caso más citado es el del actor César Vea. Junto a su hermano reunió cerca de un millón de euros para un parque solar en La Rioja: 200.000 de aportación propia y 800.000 pedidos al banco. La casa de sus padres quedó como aval. El cálculo era recuperar la inversión en unos trece años y dejar el negocio como herencia. El cálculo no se cumplió.

Vea perdió su vivienda, está en camino de perder la de sus progenitores y sus ahorros se esfumaron. En diciembre de 2017 protagonizó una huelga de hambre para denunciar su situación. Su relato —invertir en sostenibilidad, creyó en el compromiso climático— choca de frente con los que sostienen que nadie firma un préstamo de 800.000 euros por amor al planeta. Ambas cosas pueden ser verdad a la vez, y ahí empieza el desacuerdo.

¿Estafa o riesgo político? Las dos lecturas del desplome​

La primera lectura es la de los afectados: los sucesivos gobiernos, primero con el PSOE y después con el PP, cambiaron las reglas sobre la marcha. Recortaron las primas, limitaron las horas de generación y, en la práctica, dejaron a los pequeños productores con la deuda pero sin el negocio. Es lo que algunos llaman, sin ambages, una estafa amparada en el BOE.

La segunda lectura apunta al riesgo político. Cualquiera que apalanque su patrimonio al 80% sobre una promesa regulatoria está comprando un activo cuyo valor depende de que un Parlamento no cambie de opinión. Y los Parlamentos cambian de opinión. Bajo esta óptica, las primas eran insostenibles desde el principio y quien se endeudó asumió un riesgo que no supo ver. En medio queda la sombra del lobby eléctrico, que no tenía ningún interés en que el ciudadano le hiciera la competencia.

El cálculo fino de rentabilidad da munición a los dos bandos. Hay quien sostiene, con los números que se cruzan en el debate, que quien pagó al contado pasó de ingresar en torno a un 10% anual a quedarse en un 4-5%, mientras que el que compró a crédito habría visto cómo el interés se comía cualquier rendimiento. A Rajoy se le atribuye haber afirmado, según una referencia citada en el hilo, que los fotovoltaicos pretendían ganar entre el 20% y el 25%. Esa cifra choca frontalmente con la que manejan los propios inversores.

La cifra que no deja de crecer: de 62.000 a 65.000 familias​

El número de damnificados ha ido engordando con los años. La cifra que se manejaba en 2018 era de 62.000 familias. Años después, el discurso de la moción de censura de Tamames elevaba el recuento a 65.000 familias «pioneras en la energía fotovoltaica» y defraudadas por cambios de política que habrían vulnerado derechos prometidos, en lo que describía como un caso de inseguridad jurídica.

Que el Estado reconozca el problema no equivale a que lo pague. Y ahí el análisis se atasca: no hay acuerdo sobre cuánto hubo de decisión política deliberada, cuánto de error de cálculo mayúsculo y cuánto de simple mala digestión financiera por parte de quien invirtió. Nadie discute la ruina. Todos discuten de quién es la culpa.