denuncia a Sánchez en el Supremo a su inacción de comisión delito.Omisión en la presunta financiación ilegal del PSOE: «Tenía el deber de conocerlo»

El Supremo admite una denuncia contra Sánchez por su inacción en el presunto escándalo de financiación del PSOE

La oposición ha ampliado la denuncia contra Pedro Sánchez en el Tribunal Supremo, acusándole de omisión del deber de perseguir el delito en la supuesta financiación ilegal del PSOE. El texto presentado sostiene que el presidente «tenía el deber de conocerlo» y no actuó ante las actividades de su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez. La denuncia se produce en paralelo a la imfrutación por parte del juez Pedraz de la presidenta de la Sepi y otras 24 personas en la causa que investiga a la 'fontanera' Leire Díez, un caso que ha sido calificado como «narcosocialismo» por algunos sectores.

Imfrutación en la Audiencia Nacional: el caso Leire Díez salpica a la Sepi

El juez de la Audiencia Nacional Pedraz, a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción, ha fruta a la presidenta de la Sepi y a otras 24 personas en la trama que rodea a Leire Díez, figura clave en el entramado de presunta corrupción. Aunque la causa se centra en la financiación irregular, la conexión con el entorno de Moncloa es inevitable: Leire Díez fue responsable de la estrategia digital del PSOE en la campaña de 2019. La imfrutación amplía el alcance de la investigación hacia altos cargos públicos.

Feijóo mueve ficha: la moción de censura vuelve a escena

En este contexto, Alberto Núñez Feijóo ha cambiado su postura y ahora se muestra favorable a presentar una moción de censura. El líder del PP sostiene que «quien no apoye la moción de censura, apoya la corrupción», un giro que tensa el calendario parlamentario y abre la posibilidad de un debate en el Congreso con el trasfondo económico de la financiación ilegal.

El coste político de la inacción: ¿afecta a la economía?

Los escándalos de corrupción generan incertidumbre política que se traslada a los mercados. En momentos de desaceleración global, la inestabilidad institucional puede encarecer la financiación del Estado y retrat decisiones clave sobre inversiones. La pregunta que flota es si la judicialización de la presunta financiación ilegal acabará lastrando la recuperación económica o si, por el contrario, la caída del Gobierno despejaría el horizonte. De momento, ni el PSOE ni el Ejecutivo han hecho declaraciones oficiales sobre la ampliación de la denuncia.