El 85% de inquilinos no puede comprar y el problema alcanza a las clases acomodadas: el demoledor diagnóstico del Banco de España
El Banco de España acaba de soltar una artefacto explosivo que debería poner en alerta a todo el espectro político: el 85% de los hogares que alquilan no tienen capacidad para comprar una vivienda. Lo más preocupante es que la brecha ya no afecta solo a mileuristas o jóvenes precarios: el informe señala que el problema se ha extendido a lo que denominan «clases acomodadas». Hogares con ingresos estables y por encima de la media que, sin embargo, no pueden dar el salto a la propiedad. La paradoja es que España construyó a chorro durante décadas y hoy, con menos obra nueva que nunca, los precios se disparan mientras la demanda sigue creciendo.
85% de exclusión: ¿quiénes son los que no pueden comprar?
La cifra es apabullante: de cada diez inquilinos, ocho y medio están fuera del mercado de compra. El Banco de España lo atribuye a la combinación letal de precios elevados, tipos de interés altos y condiciones de financiación restrictivas. Pero el dato más llamativo es que el fenómeno ya no se limita a rentas bajas. Según el organismo, incluso hogares con ingresos medios-altos —los que hasta hace poco podían acceder a una hipoteca— ahora se quedan fuera, especialmente en las grandes ciudades y zonas tensionadas. La culpa no es solo de los precios: la oferta de vivienda nueva se ha reducido drásticamente mientras la población sigue aumentando. Se menciona que España recibe anualmente cientos de miles de nuevos residentes mientras se construyen apenas 100.000 viviendas al año. El desajuste es tan bestial que solo cabe preguntarse hacia dónde va a estallar la presión.
El efecto expulsión: de los centros urbanos a los pueblos dormitorio
Uno de los mecanismos que retrata el debate es el «efecto expulsión» en cadena. Cuando un proyecto de lujo o un gran tenedor acapara suelo en el centro de una ciudad, los compradores que iban a ese barrio se desplazan a la periferia, encareciéndola. A su vez, los que ocupaban esa periferia tienen que irse a pueblos más alejados. El ejemplo citado es Valencia: el descendiente de un expresidente promueve un edificio de alquiler turístico en pleno centro, y el círculo vicioso arranca. Quien antes podía comprar en el barrio, ahora lo hace en Burjassot o Paiporta; quien ya vivía allí, se repliega a localidades aún más lejanas. Es un proceso de gentrificación que presiona no solo la vivienda, sino también los servicios públicos, el transporte y la convivencia.
Multipropietarios y concentración: ¿quién tiene los pisos?
Un dato recurrente es que el 2% de los propietarios con más de seis viviendas concentran una parte significativa del parque, y no en provincias despobladas, sino justo en las zonas de mayor demanda: Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga. Muchos de estos grandes tenedores operan a través de sociedades patrimoniales, lo que dificulta la medición real. Frente a esto, se argumenta que más de la mitad de los caseros solo tienen una o dos viviendas en alquiler, y que el problema no es tanto la concentración como el brutal desajuste entre oferta y demanda alimentado por el crecimiento demográfico y la falta de construcción. La discusión sobre si regular o liberalizar queda abierta, pero el dato del Banco de España es un aldabonazo que pocos esperaban.
¿Qué hacer? El callejón sin salida de la regulación
Ante el panorama, surgen dos corrientes: la que pide una regulación feroz —topes al alquiler, impuestos a la multipropiedad, prohibición de compra especulativa— y la que aboga por liberalizar suelo, reducir burocracia y dejar que el mercado ajuste. Quienes defienden la intervención recuerdan que los políticos son los primeros inversores en ladrillo, por lo que difícilmente se legislará contra sus intereses. Los partidarios del libre mercado señalan que los controles de precios en otros países han provocado escasez y mercados zain. Mientras tanto, la realidad es que generaciones enteras ven imposible independizarse, y los padres que pueden compran pisos para sus descendientes —cuando no los heredan— perpetuando la desigualdad. ¿Hasta cuándo se puede parchear un sistema que ya expulsa a las clases medias?