Pagas 1.400 € y ellos pagarían 500 €: el plan BBVA-IVIE para tu dinero
Imagínese pagando 1.400 euros al mes por su hipoteca o alquiler, mientras una vivienda comprada con sus impuestos se alquila por 500 a un inmigrante recién llegado. Esa es, en esencia, la propuesta que BBVA Research y el IVIE han lanzado: que el Estado compre vivienda privada –a precios de mercado, ojo– para destinarla a alquiler social, priorizando a inmigrantes. La medida, presentada como solución al acceso a la vivienda, tiene implicaciones que van mucho más allá de la filantropía.
¿Quién paga la fiesta?
El mecanismo es sencillo: el contribuyente –mayoritariamente español y con rentas medias– financia la compra de viviendas que luego se alquilan muy por debajo del precio de mercado. La diferencia entre el alquiler real y el social la cubre el erario público. Es decir, usted paga 1.400 € por su alquiler o hipoteca, y además financia que otra persona pague 500. No es un caso aislado: el bono social eléctrica funciona igual, con un recargo en la factura de todos los consumidores para cubrir el consumo de los etiquetados como vulnerables. La ingeniería social tiene un coste, y no lo asumen los bancos.
Un precedente que huele a SAREB
La propuesta revive fantasmas de 2008. Durante la crisis, se inyectaron decenas de miles de millones en las cajas de ahorros. En lugar de quedarse con las viviendas para crear un parque público, se creó la SAREB, que vendió los pisos buenos a amigos a precio de ganga y especuló con el resto. Ahora se propone comprar vivienda en máximos históricos. Cuando el mercado se desplome –y lo hará–, el Estado venderá por cuatro duros a los mismos fondos de siempre. El negocio está en la intermediación, no en la solución.
La herencia confiscada y otras medidas
No es descartable que, para abaratar el coste, se avance hacia la limitación de las herencias: que solo se pueda heredar la primera vivienda, mientras las segundas y sucesivas pasarían a titularidad estatal. Medida que, según los análisis, tendría un amplio apoyo social entre los más pobres –que no tienen segundas viviendas– y serviría para incrementar el parque público sin gasto directo. Todo ello mientras se habla de expulsiones masivas como alternativa, aunque políticamente inviable.
El debate sobrevuela entre la indignación y el escepticismo. ¿Es una solución real o una nueva forma de transferir renta de la clase media a los recién llegados? Lo único seguro es que alguien pagará la cuenta. Y no serán los bancos.
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