+18 DATOS. Los forasteros pagan nuestras pensiones

La paradoja de las pensiones: ni los inmigrantes pagan ni los nacionales cotizan lo suficiente​

El mantra repetido por políticos y tertulianos —que la inmigración salvará el sistema de pensiones— choca de frente con las matemáticas. Un cálculo difundido en círculos de análisis alternativo desmonta la tesis: un trabajador que cotice desde los 18 años hasta los 66 con un salario de 26.000 euros brutos anuales habrá aportado 315.648 euros a la Seguridad Social, pero su pensión esperada (2.000 euros mensuales durante 24 años) asciende a 576.000 euros. Resultado: un déficit de 260.352 euros por persona. Ni siquiera en el mejor escenario posible la ecuación sale positiva.

El cálculo que desnuda el mito​

La cifra se basa en una cotización mensual de 548 euros para pensiones. Durante 48 años de vida laboral se acumulan 315.648 euros. Pero si el trabajador vive hasta los 90 años —un horizonte nada descabellado con el aumento de la esperanza de vida—, cobrará una pensión durante 24 años. A 2.000 euros al mes, el total percibido es de 576.000 euros. El agujero es evidente: 260.352 euros que alguien tiene que cubrir. Y esto sin contar prestaciones por desempleo, sanidad o dependencia.

Algunos replican que la esperanza de vida masculina en España es de 76 años, lo que reduciría el periodo de cobro a unos 10 años. Pero incluso en ese escenario, la pensión total rondaría los 240.000 euros, aún por debajo de lo cotizado. El problema no es la longevidad, es que el sistema promete más de lo que recauda, independientemente del origen del cotizante.

El factor origen: diferencias que incomodan​

Estudios realizados en Dinamarca y Países Bajos muestran que el saldo neto de los inmigrantes varía drásticamente según su procedencia. Los provenientes de Estados Unidos, Japón o el norte de Europa tienen un impacto fiscal muy positivo, similar al de los nativos. Los de Europa del Este y del Sur también aportan un saldo positivo, aunque más modesto. En cambio, los inmigrantes de determinadas regiones —el análisis citado se refiere a colectivos específicos sin generalizar— presentan un saldo negativo significativo.

En España, la discusión se envenena rápidamente. Quienes defienden la inmigración como solución señalan que el Estado se ahorra hasta 18 años de educación y sanidad por cada inmigrante adulto. Quienes la critican apuntan a los costes indirectos: prestaciones sociales, presión sobre la vivienda y servicios públicos, y la dificultad de integración. Ambas posturas tienen datos a favor, pero ninguna resuelve la ecuación de fondo.

El sistema, ese gran ponzi​

Más allá del origen de los cotizantes, varios análisis coinciden en que el sistema de pensiones español es insostenible por diseño. Se trata de un esquema de reparto que, con la tasa de dependencia actual, solo se mantiene en pie gracias a la deuda creciente. Algunos lo llaman «esquema ponzi»: mientras entren nuevos cotizantes, los jubilados cobran; si la población activa se reduce, el castillo de naipes se derrumba.

La inmigración masiva se ha vendido como la tabla de salvación, pero los números demuestran que ni siquiera un trabajador que cotice toda su vida desde los 18 años es capaz de autofinanciar su pensión. La conclusión es incómoda: el problema no son los inmigrantes, es un sistema que promete prestaciones que las cotizaciones no pueden cubrir. Y mientras no se aborde la reforma estructural —subir la edad de jubilación, ajustar pensiones o aumentar cotizaciones—, el debate sobre la inmigración seguirá siendo un humo.