La cuestión racial entra en la agenda económica: quién asume el coste
El envejecimiento, la migración y la presión sobre las pensiones están llevando la discusión étnica a los presupuestos públicos. El Estado del bienestar se ha convertido en el campo donde se decide quién cotiza, quién cobra y bajo qué condiciones aparece el factor racial.
El factor demográfico y la bomba de las pensiones
El crecimiento demográfico del África subsahariana y el envejecimiento europeo redefinirán los flujos migratorios y el reparto de la riqueza. Unos ven en esa renovación la única vía para sostener las pensiones; otros, una amenaza a la identidad y a la solidaridad fiscal. En el extremo, se ha llegado a plantear el control de la natalidad por origen o la nacionalidad por sangre.
Empleo y prestaciones: el criterio racial como variable de elegibilidad
Corrientes minoritarias van más allá: condicionar la residencia al empleo y expulsar a quien no lo tenga. La versión laboral del “nosotros primero” implicaría censos por origen y hasta haplogrupos en el DNI. También crece la reivindicación de leyes contra el racismo hacia la población blanca, presentado como el principal problema europeo.
Ninguna de esas recetas ha superado un análisis serio de costes y legalidad. Pero la cuestión racial ya tiene factura económica, y el próximo gobierno deberá decidir con datos o con eslóganes.