25 millones para los menores de Ceuta: la crisis que no se acaba
El martes, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció una partida extraordinaria de 25 millones de euros para atender a los menores no acompañados llegados a Ceuta. Horas antes, el relato oficial sostenía que la crisis estaba resuelta y que todos habían regresado a Marruecos. Las dos cosas no cuadran.
La factura de la “normalidad”
La partida de 25 millones se suma a otros 5 millones ya aprobados con el mismo fin. El problema es que nadie sabe cuántos menores hay en realidad. Mientras el Gobierno presume de haber devuelto a todos, la Guardia Civil busca a 6.000 personas que aún deambulan por la ciudad. Y las cifras de entrada son materia de controversia: la revisión maneja 72.000 llegadas frente a los 60.000 iniciales.
Una comparación que circula estos días lo pone en perspectiva: un Canadair contra incendios cuesta 50 millones. El anuncio de atención inmediata a menores se queda en la mitad exacta. Para el alzhéimer, en cambio, hay un veto de Sanidad que afecta a 50.000 pacientes. Ahí se ven las prioridades.
¿Quién se queda con el dinero?
El escepticismo se centra en el destino de los fondos. Una corriente sostiene que los 25 millones engrosarán los presupuestos de ONG y empresas vinculadas al sector, sin control del resultado. La comparación con otras administraciones alimenta la sospecha: la Comunidad de Madrid gastó el año pasado 63 millones en menores y acaba de dedicar 19 millones a un centro en Fuenlabrada de 4.000 m² con cien plazas. El coste por plaza y por menor atendido, una vez desglosado, da números que piden explicación.
Otra postura, más general, recuerda que la tutela de un ciudadano extranjero no debería correr a cargo del Estado español: los gastos debería pagarlos Marruecos. Hay incluso quien aboga por la vía consular y por pasar la factura al país de origen, como hacen otros Estados con sus visados vencidos.
Cataluña planta cara al reparto
El reparto de menores entre comunidades se ha convertido en pulso político. Junts ha advertido a Pedro Sánchez de que no le dará ni un voto si Cataluña no queda fuera del reparto. La portavoz Miriam Nogueras lo verbalizó el 5 de agosto. La presión de Aliança Catalana, que ya aparece por delante en algunas encuestas, empuja a Junts a marcar distancia. Mientras tanto, el PSC sigue encabezando la intención de voto, pero el suelo se mueve.
La crisis, oficialmente resuelta, no para de generar facturas y fricciones. Lo más revelador es que, con todos los menores supuestamente de vuelta, la Guardia Civil siga buscando a 6.000 personas en la ciudad. Algo no cierra.