Crisis con Italia: Sánchez exige a Meloni que retire los controles a los españoles
La disputa entre Madrid y Roma ha pasado de la diplomacia de pasillo al ultimátum con fecha. El Gobierno español ha dado de plazo hasta el domingo 9 de agosto a Italia para que elimine los controles de pasaportes que Roma ha reintroducido para los pasajeros procedentes de España. La nota oficial, calificada de «durísima» en la prensa italiana, sostiene que la medida es «injusta, contraria a los intereses de la UE y discriminatoria».
Italia justificó los controles por una amenaza grave al orden público y a la seguridad interior en el marco de la presión migratoria. La respuesta de Madrid no se ha hecho esperar, pero el margen de maniobra de Bruselas es menor de lo que el relato oficial sugiere. El debate económico y político se ha convertido en un termómetro de la deriva de las relaciones entre dos socios fundadores del espacio Schengen.
Qué dice el reglamento europeo sobre los controles internos
El Código de Fronteras Schengen, Reglamento 2016/399, permite a cualquier Estado miembro reintroducir temporalmente controles en fronteras interiores si alega una amenaza grave para el orden público o la seguridad. Los requisitos son procedimentales: notificar a la Comisión, a los demás Estados y al Parlamento Europeo, y justificar necesidad y proporcionalidad. La Comisión puede emitir un dictamen, pero no puede anular la medida ni imponer multas. Dicho de otro modo: Roma puede aguantar hasta que el plazo expire.
La reforma de 2024, el Reglamento 2024/1717, está en vigor desde julio y refuerza el marco para estas suspensiones. Según las informaciones disponibles, los controles italianos están previstos al menos hasta el 15 de agosto. El ultimátum español del 9 de agosto se queda a seis días del fin natural de la medida. Hay quien lo lee como una tormenta de verano: ruido político con fecha de caducidad.
El precedente del Brennero y el doble rasero con Marruecos
La crisis tiene precedentes recientes. Hace una década, Austria puso controles en el paso del Brennero, un punto estratégico para la economía italiana, también por la crisis migratoria. No duraron mucho, pero se impusieron. La analogía se ha usado para recordar que las malas políticas migratorias tienen consecuencias sobre los socios europeos.
En el debate destaca otra comparación incómoda: la firmeza mostrada con Italia contrasta con la ausencia de controles en la frontera con Marruecos, por donde la entrada irregular es un flujo constante. Ese contraste alimenta la lectura de que el ultimátum responde más a cálculos políticos internos que a una defensa coherente de la libre circulación.
Entre partidarios y detractores de la medida italiana, el consenso es escaso. La mayoría de análisis respalda la decisión de Roma de proteger sus fronteras, mientras que una minoría ve un gesto exagerado, de esos que se resuelven en una semana. Lo que nadie discute es que la crisis ha dañado la imagen de «socio fiable» que España presume en Europa. Cuando Italia y España se enredan en pasaportes, el único beneficiado es el discurso antieuropeo. Nadie en Moncloa parece dispuesto a reconocerlo.