Corrupcion e impunidad del Partido Popular de Mariano Rajoy

Corrupción del PP y el 51% de pensiones por debajo del SMI​

¿Cuántos españoles cobran menos de lo que la ley llama salario mínimo? La respuesta oficial que dio en su día la entonces ministra de Empleo, Fátima Báñez, fue que «nadie en España cobra por debajo del salario mínimo» porque «sería ilegal». Los números de su propio Ministerio contaban otra cosa a finales de 2016: más de cinco millones de pensionistas, el 51% del total, cobraban menos de 707,6 euros al mes. Entre ellos, siete de cada diez eran mujeres.

La contradicción no es un detalle de gabinete. Es la foto de dos cosas a la vez: cómo se mide la pobreza de los mayores y con qué soltura se niega un dato que obra en tus propios registros. A partir de ahí, el asunto se abre en varias direcciones a la vez: el deterioro del empleo, el agujero de la Seguridad Social y una corrupción que fue dejando nombres, empresas y cuentas suizas por el camino.

El 51% de pensionistas por debajo del SMI​

El cálculo que circulaba era implacable: 5.000.000 de pensionistas ingresaban menos del Salario Mínimo Interprofesional. Entre quienes cobraban por debajo de esa línea, 3.399.712 eran mujeres, siete de cada diez. La lectura que se hacía era doble: por un lado, la mitad del colectivo vive en lo que muchos describen sin matices como pobreza; por otro, el sistema de pensiones perpetúa una brecha de género que empieza mucho antes, en las carreras laborales y en los salarios.

El marco temporal importa. Estamos en diciembre de 2016, con el Gobierno presumiendo de crecimiento mientras la hucha de las pensiones se vaciaba. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social se usó para afrontar la liquidación de 936 millones del IRPF de las pagas de los pensionistas, una cantidad que se sumaba a los 9.500 millones ya dispuestos el 1 de diciembre. La conclusión que se extraía era incómoda: el colchón se estaba gastando en pagar las nóminas corrientes.

Salarios de 300 euros: la reforma laboral que fragmentó el empleo​

El otro frente era el empleo. En 2016, según los datos que se manejaban, uno de cada dos españoles con trabajo ingresaba menos de 900 euros al mes, y uno de cada tres, menos de 300. El 22% de los trabajadores ya cobraba por debajo de esos 300 euros. Sostiene esta lectura que la reforma laboral de Rajoy y Báñez convirtió el contrato en un instrumento flexible de usar y tirar, con trabajadores que no llegan a fin de mes y que no acumulan derechos ni para paro ni para pensión.

Sobre el desempleo, la cifra que se repetía era otra: la protección por desempleo cubría a cada vez menos gente. La tasa de cobertura habría caído medio punto en un año y el 47% de los parados no cobraba prestación alguna. Con una tasa de paro del 21%, el retrato que se dibujaba situaba a España como el segundo país de la UE con más pobreza, solo por detrás de Rumanía, según el informe europeo sobre empleo y desarrollo social que se citaba.

Sobresueldos, cajas B y el 3% de las adjudicaciones​

A medida que avanzaba la conversación, el foco se trasladó de las cifras sociales a la contabilidad opaca del partido. Se acumulaban episodios: la Guardia Civil investigando una caja B del PP de Madrid que habría funcionado entre 2010 y 2014, empresarios que confesaban financiación ilegal, donaciones que pagaron un mitin y la pista de los llamados sobresueldos. La Fiscalía, según las crónicas que se citaban, apuntaba a decenas de imputados en distintas tramas.

Uno de los argumentos más repetidos era estadístico: 12 de los 14 ministros de los gobiernos de José María Aznar figuran imputados, y Mariano Rajoy formó parte de esos gabinetes. En paralelo circulaba la tesis —no acreditada en firme— de que Rajoy habría cobrado sobresueldos hasta 2011, en la línea de lo publicado por algunos medios sobre su testimonio ante el tribunal. Sobre el expresidente autonómico Ignacio González se relataba que ocultó a la Justicia una cuenta en Suiza que le habría apartado de una candidatura.

Una Fiscalía que frena la corrupción​

Otra línea, más estructural, sostiene que el problema no está en los casos sueltos sino en quién vigila. Se señala que el PP habría situado a cargos afines al frente de la fiscalía anticorrupción y de la Fiscalía General, y que la propia Fiscalía habría intentado encubrir investigaciones en una decena de casos. El nombramiento de un dirigente con pasado discutido al frente de una oficina contra la corrupción se leía como la metáfora perfecta: poner al lobo a cuidar de las gallinas.

En 2017 se registraba un dato que reforzaba la sospecha de impunidad: casi uno de cada cuatro indultos concedidos ese año habría recaído sobre condenados por corrupción. Para quienes seguían el asunto, el patrón era claro: operaciones que avanzan, imputaciones que suman y, al final, una justicia que llega tarde o no llega.

Lezo, Púnica y Gürtel: el mapa de las operaciones​

La cronología acumulada era larga. La Operación Púnica, con una presunta caja B del PP de Madrid; Lezo, que colocó bajo la lupa hasta cuatro campos de golf atribuidos a Esperanza Aguirre; Gürtel, el caso madre, con la declaración de Rajoy por videoconferencia; y la UCO concluyendo que Indra habría desviado 600.000 euros públicos al PP a través de empresas pantalla. Cada operación añadía un nombre nuevo a la lista.

La respuesta desde el otro lado no siempre era negacionista. También había quien asumía la corrupción y la relativizaba: mejor estos que los otros, aunque roben diez veces más. Ese pragmatismo convive con el escándalo sin demasiada fricción. Y así, entre dimisiones que no llegan y causas que se eternizan, el asunto sigue abierto sin que nadie haya cerrado la contabilidad del partido.