El Senado pide elecciones, los independentistas las bloquean: ¿cálculo o miedo?
Mientras Pedro Sánchez comparecía en el Congreso por los casos de corrupción que le rodean, el Senado debatía una moción del PP que instaba a disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas. Era el mismo texto que se votó la semana pasada en el Congreso, pero sin la enmienda que reclamaba adelantar los comicios —vetada por la Mesa de la Cámara Baja—. El resultado fue previsible: Junts decidió no votar, y ERC, EH Bildu y PNV votaron en contra. La moción fracasó, pero el gesto político desnuda una realidad incómoda para el Gobierno: sus socios independentistas no quieren urnas.
El miedo a una mayoría absoluta de PP-Vox
El argumento central que emerge de los análisis es que estos partidos temen que un adelanto electoral otorgue una mayoría absoluta a la suma de PP y Vox, un escenario en el que perderían gran parte de su poder autonómico. Se cita la posibilidad de que un futuro gobierno central recorte competencias, incluido el control de las policías autonómicas, y acabe con los «privilegios» territoriales. Una corriente interpreta este temor como la razón por la que incluso formaciones que han apoyado al Gobierno en otras votaciones le niegan ahora la salida electoral.
Corrupción y chantaje político: la otra lectura
Hay quien sostiene que el bloqueo no es solo miedo, sino también un síntoma de supervivencia mutua. El Gobierno de Sánchez depende de unos socios que, según algunas voces, están «implicados hasta las trancas» en tramas de corrupción (se menciona expresamente al PNV) y que necesitan mantenerse en la coalición para evitar que la justicia les pase factura. La imagen de un Ejecutivo «controlado por una organización criminal» —expresión recurrente en la crítica— alimenta la tesis de que la falta de elecciones beneficia tanto a la izquierda como a los nacionalistas periféricos.
El factor exterior: la presión de Washington
Una corriente más especulativa introduce un elemento geopolítico: la Estrategia de Seguridad Nacional de EE.UU., publicada en noviembre de 2025, que impulsaría «Estados europeos fuertes y homogéneos» y acabaría con los separatismos. Según esta interpretación, Sánchez estaría siendo presionado desde Washington para recortar el poder de las autonomías, y los independentistas lo saben. De ahí que se aferren al Gobierno actual como un mal menor, retrasando las elecciones hasta que las condiciones internacionales les sean más favorables (si es que alguna vez lo son).
Con todo, el escenario inmediato es de tablas: el Gobierno se mantiene en funciones prorrogadas, sin capacidad de aprobar cambios de calado —las leyes orgánicas requieren mayorías que no tiene— y con la sombra de nuevas citas con las urnas. Pero nadie apuesta ya a que esas citas lleguen pronto, al menos no por voluntad de quienes hoy bloquean la moción.