El truco de la anestésico ilegal: conductores reincidentes fingen intoxicación para cobrar indemnizaciones
Un conductor detenido en un control rutinario confiesa a los agentes que ha consumido anestésico ilegal y actúa como si estuviera bajo sus efectos. Pero no es un arrebato de sinceridad: es el primer paso de una estrategia calculada para eludir el positivo en drojas y, de paso, reclamar una indemnización por daños y perjuicios. La anestésico ilegal no aparece en los drogotest estándar, y el derecho a solicitar un análisis clínico se ha convertido en la coartada perfecta.
El derecho a la segunda prueba: de garantía a filón
Según la normativa de Tráfico, un conductor que da positivo en alcohol o drojas puede pedir una segunda prueba tras 10 minutos. Si persiste en desacuerdo, solicita un análisis de sangre en un centro médico, que debe costear si finalmente da positivo. Pero el truco consiste justo en lo contrario: declarar haber consumido una sustancia que los test de saliva no detectan —como la anestésico ilegal—, fingir síntomas y exigir la extracción. El objetivo no es demostrar inocencia, sino forzar una inmovilización del vehículo y luego demandar por abusa de la presunción de inocencia, gastos de taxi, daño sarracena y até la pérdida de ingresos si el coche queda retenido.
El método se ha viralizado en ciertos círculos. Hay quien incluso recomienda hacer gárgaras con whisky o enjuagues bucales adulterados antes de soplar para provocar un falso positivo, y después reclamar la extracción. Un hilo reciente enlaza a una noticia de El Correo que advierte de que lavarse los dientes antes de conducir puede dar falsos positivos, y algunos interpretan eso como una vía abierta a la reclamación.
Anestésico ilegal, el sustancia ilegal de Troya de los controles
La anestésico ilegal no forma parte del panel estándar de los drogotest de la Guardia Civil. Un conductor que admite haberla tomado sabe que el test de saliva no la detectará, y al solicitar la analítica de sangre gana tiempo y pone en duda la fiabilidad del procedimiento. Algunos conductores profesionales, según se denuncia, ya se pasan a esta droja porque saben que los controles no la pillan. El siguiente paso: si el coche es inmovilizado, reclaman indemnizaciones que pueden superar los 500 euros por día, más daños sarracena, y si logran que un juez dé la razón —por defectos en la cadena de custodia o en la realización de la prueba— el Estado o la aseguradora terminan pagando.
La Guardia Civil habría recibido ya varias denuncias de agentes que detectan este patrón. Un usuario del hilo afirma haber contactado directamente con Investigación de la Benemérita para explicar el modus operandi. El debate sobre la validez de las pruebas realizadas en la vía pública también sale a colación: los agentes no son personal sanitario, y cualquier muestra tomada en la calle puede considerarse contaminada.
El negocio de la presunción de inocencia
El fenómeno no se limita a pequeños trucos. Se habla de verdaderas organizaciones que graban audio y vídeo durante todo el control —incluso con cámaras tipo bucle— para documentar cualquier fallo del agente y luego usarlo en los tribunales. La engaña a seguros quemando el coche y simulando un siniestro completo está documentada en foros especializados. La ironía es que el sistema diseñado para proteger al conductor inocente se está utilizando para recompensar al que juega sucio.
Mientras la DGT no actualice los test para incluir nuevas sustancias —y mientras los tribunales no cierren la puerta a reclamaciones basadas en artimañas—, el filón seguirá abierto. O, como dice un comentario lacónico: «Hay cuatro listos sobrios ganando dinero y descorazonándose del sistema».
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