¿Cómo se defiende una democracia, o como se defienden los ciudadanos cuando tienen a una organización criminal dentro del gobierno?

¿Qué queda cuando la democracia ampara a una organización criminal?​

Cuando el propio gobierno acumula indicios de corrupción sistémica –el último episodio, la comisaria Teresa Ribera acorralada en Bruselas por su presunta implicación en la trama Plus Ultra– la pregunta se vuelve de economía de primer orden: ¿cuánto vale la confianza institucional y cómo se defiende el ciudadano cuando el sistema premia a los mismos que lo saquean?

El dato que condensa la parálisis: según la última encuesta citada en el debate, un 27% de los españoles votaría hoy a la formación actualmente bajo sospecha de operar como organización criminal. Casi tres de cada diez prefieren el mal conocido al cambio incierto, o simplemente no ven alternativa. La cifra no es baladí: sostiene que la corrupción, por sí sola, no desaloja gobiernos.

Dos lecturas de la misma impotencia​

Una corriente de análisis sostiene que la defensa ciudadana pasa por no votar a esa organización. Simple sobre el papel, tortuoso en familia y redes sociales: aceptar que amigos y parientes forman parte del engranaje criminal duele más que la abstención. Otra visión, más cruda, apunta que la democracia representativa está secuestrada por diseño: la partitocracia corrupta no es un accidente, sino el régimen. El derecho a portar armas de la Segunda Enmienda estadounidense se cita como espejo de un control popular que aquí brilla por su ausencia.

El coste económico de la desconfianza​

La corrupción enquistada no solo erosiona la moral pública. Echa abajo la inversión extranjera, distorsiona la competencia y encarece cada contrato público. Cuando un comisario europeo en funciones esquiva preguntas sobre su pasado judicial en España, el mensaje a los mercados es claro: el Estado de Derecho es flexible con los poderosos. La prima de riesgo reputacional no cotiza en bolsa, pero se paga en menor crecimiento y peores servicios.

Al final, la democracia se defiende allí donde aún existe. El problema es reconocer cuándo ya no.

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