Bélgica, la OTAN y los referéndums: la doble vara de medir
Un expresidente catalán reside en Bruselas desde hace años. La justicia española ha emitido varias órdenes europeas de detención contra él. Bélgica, miembro de la UE y de la OTAN, no las ha ejecutado. Mientras tanto, la UE califica de ilegales los referéndums de adhesión celebrados en Zaporiyia, Jersón y el Donbás. La contradicción es el centro del asunto: ¿cómo se sostiene el discurso sobre la integridad territorial cuando un socio comunitario protege a quien España reclama por un proceso independentista?
El caso Puigdemont: una euroorden tras otra sin ejecutar
Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, se encuentra en Bélgica desde el otoño de 2017. La justicia española ha cursado contra él varias órdenes europeas de detención y entrega. Ninguna ha prosperado. La justicia belga las ha ido suspendiendo o denegando, según las informaciones disponibles. El resultado práctico es que un político reclamado por España vive con normalidad en la capital comunitaria.
La paradoja no es menor. Bélgica es Estado miembro de la Unión Europea y aliado en la OTAN. El marco de la euroorden se diseñó precisamente para que los Estados se entregaran mutuamente a personas reclamadas por la justicia. Cuando ese mecanismo falla entre dos socios, el discurso sobre la cooperación judicial queda tocado.
Hay quien sostiene que Bélgica actúa conforme a su ordenamiento y que los tribunales belgas han planteado cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la UE. En contra pesa el argumento de que el efecto práctico es la impunidad de un reclamado por un delito grave. La discusión no es jurídica, es política: qué señal lanza la UE cuando uno de los suyos no entrega.
¿Por qué la UE cuestiona los referéndums de Zaporiyia, Jersón y Donbás?
La UE no reconoce los referéndums de adhesión a Rusia celebrados en Zaporiyia, Jersón y el Donbás. Los considera ilegales y sin efecto. El argumento central es que se celebraron bajo ocupación militar, sin garantías, y que violan la integridad territorial de Ucrania. Esa posición es la oficial de Bruselas.
El problema aparece cuando se compara con el caso catalán. Si la UE defiende que un referéndum de independencia unilateral no es válido, ¿cómo justifica que un socio suyo proteja a quien lo organizó? La respuesta oficial suele ser que son casos distintos. Para una parte del análisis, esa distinción es insostenible: el principio es el mismo.
La discusión se complica porque Bélgica no actúa como Estado, sino que son sus tribunales quienes deciden. Esa es la coartada técnica. El efecto, sin embargo, es el mismo: el reclamado sigue en Bruselas.
El doble rasero que señalan los críticos
La crítica más repetida es la del doble rasero. La UE exige a Rusia que respete la integridad territorial de Ucrania, pero tolera que un socio suyo no colabore con la justicia española. El argumento no es nuevo, pero gana fuerza cuando se acumulan las euroórdenes fallidas.
Hay quien recuerda que Francia fue durante años refugio de miembros de ETA. Es un precedente incómodo: un aliado de la OTAN que durante décadas no entregó a personas reclamadas por España. La comparación no es exacta, pero el patrón se repite: la cooperación judicial tiene grietas cuando el caso es políticamente sensible.
En el lado opuesto, se argumenta que Bélgica no es un refugio, sino un Estado de derecho que aplica sus garantías. Que las euroórdenes se hayan suspendido no significa que Bruselas proteja a nadie, sino que los tribunales belgas han encontrado defectos formales. Es una defensa técnicamente sólida, políticamente frágil.
Qué dice la Comisión Europea y qué no puede decir
La Comisión Europea ha recordado que no tiene competencias generales para intervenir en casos penales individuales. La evaluación de cada caso corresponde a las autoridades judiciales de los Estados miembros. Esa es la respuesta oficial, y es también el reconocimiento de un límite: Bruselas no puede ordenar a Bélgica que entregue a Puigdemont.
Ese límite es real. La UE no es un Estado federal con un poder judicial único. Cada país tiene su propio sistema. Pero el discurso político de la UE sobre la integridad territorial choca con esa realidad administrativa. La institución que condena los referéndums de Zaporiyia no puede hacer nada para que Bélgica entregue a quien organizó uno en Cataluña.
La paradoja se agrava porque Ucrania no es Estado miembro de la UE. Los referéndums de Zaporiyia, Jersón y Donbás se celebran en territorio ucraniano, no comunitario. La UE los condena como violación del derecho internacional. Pero cuando el caso afecta a un socio, la respuesta se diluye en competencias y procedimientos.
El precedente que nadie quiere citar
El caso de Kosovo es el ejemplo que suele aparecer en estas discusiones. La UE reconoció la independencia de Kosovo, declarada unilateralmente en 2008, sin referéndum previo y contra la voluntad de Serbia. Es un precedente que complica el discurso sobre la integridad territorial.
No es una comparación perfecta. Kosovo tenía un contexto de conflicto y una intervención internacional previa. Pero el argumento de que la integridad territorial es sagrada se debilita cuando se aplica de forma selectiva. La UE reconoció Kosovo y no reconoce los referéndums de Zaporiyia. La diferencia es quién los organiza.
Esa selectividad es la que alimenta la crítica. No se trata de defender a Rusia ni de justificar anexiones. Se trata de señalar que el discurso europeo sobre la integridad territorial pierde credibilidad cuando se aplica con distinta vara según el caso.
El dato que descoloca
La Comisión Europea no tiene poder para intervenir en casos penales individuales. Lo dice ella misma. Bélgica es Estado miembro y aliado en la OTAN. Puigdemont sigue en Bruselas. Las euroórdenes siguen sin ejecutarse. Y la UE sigue condenando los referéndums de Zaporiyia, Jersón y Donbás como ilegales. Con estos mimbres, el cesto del doble rasero se sostiene solo.