cómo ganará Marruecos el referéndum en Ceuta y Melilla

Marruecos no ganaría un referéndum en Ceuta y Melilla convenciendo a los votantes de que se sientan marroquíes, sino haciendo que el statu quo español resulte económicamente insostenible y presentando después una oferta financiera masiva. La pregunta dejaría de ser identitaria y pasaría a ser cuál de las dos opciones garantiza empleo, inversión y futuro.

Una economía pequeña con un shock desproporcionado

Ceuta tiene alrededor de 83.000 habitantes y 18 kilómetros cuadrados. Su producto interior bruto ronda los 1.923 millones de euros, lo que deja algo más de 23.200 euros por habitante. El desempleo supera el 22%, frente a menos del 10% en el conjunto de España, y el tejido productivo lo forman unas 3.900 empresas activas, muchas de ellas minúsculas. Son cifras que describen una economía sin margen para absorber golpes.

Ese margen se puso a prueba en julio de 2026. La entrada masiva de personas por la frontera dejó más de 33 millones de euros de pérdidas directas en el sector privado. El coste público extraordinario rondaba ya los 80 millones y podía alcanzar los 153 millones a final de año, según los cálculos del Gobierno ceutí. El turismo se hundió y la Cámara de Comercio estimó un daño reputacional de 170 millones de euros.

La comparación importa. Un shock que para la economía española sería menor, para Ceuta puede ser gigantesco. Esa asimetría es la vulnerabilidad sobre la que se construiría cualquier presión sostenida.

Cinco años de frontera inestable como palanca

La estrategia no consistiría en intentar ganar el referéndum de entrada. Consistiría en hacer que el statu quo sea carísimo. Imaginemos cinco años de tensión permanente: la frontera funciona hoy y mañana no, la aduana abre unos meses y vuelve a cerrarse, el comercio terrestre nunca se normaliza, cada seis meses aparece otra crisis diplomática. Las aseguradoras suben primas. Las empresas que pensaban instalarse se lo piensan dos veces. El turista peninsular asocia Ceuta en televisión a fronteras y crisis internacionales.

No es ciencia ficción. En julio de 2026 la aduana comercial volvió a quedar suspendida durante la Operación Paso del Estrecho, y fuentes empresariales describían una infraestructura cuyo funcionamiento comercial seguía siendo mínimo. Prolongar esa incertidumbre durante años no destruye Ceuta, pero basta con que un empresario con 5 millones para invertir se pregunte si los pone allí o en Málaga. Con que responda Málaga unas cuantas veces, el trabajo ya está hecho.

La campaña del referéndum vendría después, y no diría «vota Marruecos porque eres marroquí». Diría: «¿Cuántos años más queréis vivir con la frontera cerrándose cada vez que Madrid y Rabat se pelean?». En ese momento la pregunta ya ha cambiado por completo.

La subasta para neutralizar la dependencia de España y Europa

Ceuta vive enormemente del Estado y de Europa. Administración, sanidad, educación, Fuerzas Armadas, Policía y Guardia Civil sostienen directamente una parte relevante del empleo y, de forma indirecta, muchísimo consumo privado. A eso se añade el programa FEDER 2021-2027, que destina unos 32 millones de euros a Ceuta, de los cuales 27 millones proceden de la Unión Europea, para digitalización, startups, formación, infraestructuras medioambientales y movilidad sostenible. Tras la crisis migratoria de julio, Bruselas puso otros 114,7 millones de euros de ayuda extraordinaria para España destinados a Ceuta, incluyendo vigilancia fronteriza, infraestructuras, personal, acogida y tecnología.

Ese apoyo es el principal argumento a favor de seguir en España, y por eso Marruecos tendría que neutralizarlo. No bastaría con decir «venid con nosotros». Rabat tendría que llegar al referéndum con una oferta económicamente obscena: garantía de pensiones durante veinte años, mantenimiento íntegro de los salarios públicos durante una transición, régimen fiscal especial, zona franca, inversión masiva en puerto e infraestructuras, compensaciones directas a funcionarios, ventajas fiscales para empresas españolas que permanezcan, fondos para vivienda, garantía internacional de propiedades, doble nacionalidad para quienes puedan conservarla jurídicamente, castellano protegido institucionalmente durante décadas y autonomía local especial. Y probablemente miles de millones comprometidos conjuntamente por Marruecos, fondos soberanos del Golfo y grandes inversores extranjeros.

No se puede quitar a un funcionario español su salario, su Seguridad Social, su pensión y su marco europeo y pedirle después que marque Marruecos. La única forma de que ese votante llegue a la urna pensando algo distinto es que su sueldo esté garantizado, su casa siga siendo suya, le conserven la pensión, pague menos impuestos y además termine la crisis fronteriza.

El coste de sostener el statu quo y el peso del paro

Cada crisis fronteriza obligaría a Madrid y Bruselas a meter más dinero. Una sola emergencia en 2026 provocó una ayuda europea extraordinaria de 114,7 millones, y el Gobierno ceutí calculaba hasta 153 millones de gasto extraordinario acumulado para final de año. Si la tensión no dura un verano sino cinco años, España seguiría teniendo recursos de sobra para sostener Ceuta, porque hablamos de una economía nacional de otra dimensión. Pero políticamente aparecería una pregunta incómoda: cuánto estamos dispuestos a gastar todos los años para mantener estable una ciudad cuya frontera puede desestabilizarse cuando el vecino quiera.

Esa pregunta se plantearía en los dos lados. En Ceuta: «España no puede daros estabilidad». En la península: «Ceuta os cuesta cada vez más dinero». El objetivo sería crear cansancio en ambos.

El paro sería oro político. Una sociedad con desempleo superior al 20% es mucho más sensible a una oferta económica enorme que una con pleno empleo. Después de la crisis de 2026, Ceuta estaba por encima del 22%, frente a menos del 10% nacional. Si Marruecos llegase al referéndum prometiendo decenas de miles de millones de dirhams de inversión en construcción, turismo, logística, puerto, vivienda y empleo transfronterizo, la campaña dejaría de ser exclusivamente patriótica. El tipo que lleva dos años en paro no empieza necesariamente a sentirse marroquí. Simplemente empieza a escuchar. Y ésa es toda la diferencia.

El límite europeo y la pregunta final

Queda el elefante en la habitación: Europa. La población de Ceuta disfruta de ciudadanía española y, por tanto, de ciudadanía de la Unión Europea. Eso significa libre circulación, derecho a trabajar en España y en la UE, protección jurídica europea, acceso a programas europeos y fondos estructurales. Es un valor económico, jurídico y personal enorme, y sería una de las armas más poderosas de la campaña favorable a continuar en España.

Rabat no podría prometer unilateralmente ciudadanía europea porque eso no depende de Marruecos. Intentaría negociar derechos adquiridos para los residentes actuales: conservación de la nacionalidad española cuando fuese jurídicamente posible, permisos especiales de residencia y trabajo en España, acuerdos de movilidad y alguna fórmula que evitase que el votante percibiera la anexión como «mañana me cierran Europa». Sin algo parecido, toda la oferta marroquí tendría un agujero del tamaño del Estrecho.

Al final, después de cinco años, no habría la misma Ceuta. Habría una ciudad que habría vivido crisis fronterizas, intervención extraordinaria del Estado, millones de fondos europeos, incertidumbre empresarial y campañas propagandísticas brutales. España diría que todo eso demuestra por qué hacen falta España y Europa, y tendría datos para defenderlo. Marruecos diría que todo eso demuestra que el modelo actual no funciona, y también tendría material para construir ese relato. La campaña real no sería identitaria, sino una guerra económica sobre qué futuro parece menos arriesgado. Marruecos no necesitaría ganar la identidad de Ceuta. Le bastaría con conseguir que el bolsillo dejase de votar automáticamente lo mismo que la bandera. Eso sí, cualquier escenario de este tipo afectaría a derechos de nacionalidad, residencia y propiedad, así que conviene consultar a un especialista en derecho internacional antes de sacar conclusiones.